Una señora cruza la puerta de la Ciudadela y se detiene un instante. Mira y vuelve a mirar. Se acerca a la pequeña mesa que tiene una bandera del Partido Colorado (PC), otra de Uruguay pegada con cinta adhesiva y un cartel de computadora impreso que dice Vote para anular la Ley de Caducidad. La mujer pregunta en voz alta: “¿los colorados votan la derogación?”
La escena puede llegar a ser bastante frecuente. La agrupación Hugo Batalla instaló una mesa para que los colorados que quieran firmar por la derogación de la Ley puedan hacerlo allí. Diego Fau explicó a 180 la iniciativa: “la agrupación dio libertad de acción a sus adherentes para que puedan firmar para anular la Ley de Caducidad. A partir de allí, un grupo de integrantes resolvimos poner una mesa con la bandera Colorada y la bandera de Uruguay para que los colorados que quieren firmar, puedan hacerlo aquí, en un lugar público y en un lugar con gente colorada y no tengan que hacerlo en la sede del Frente Amplio ni del PIT-CNT”, dijo.
La idea original fue colocar la mesa en el local del PC y con esa intención elevaron una carta a Sanguinetti, el 5 de marzo. Fau dijo que “como después de 25 días no contestó, decidimos poner la mesa en la Plaza Independencia”.
Según Fau, Sanguinetti está molesto con la iniciativa porque “piensa que es contra él y esto no es contra nadie, sino a favor de lo que uno piensa. Son estilos que no comparto, como tampoco comparto la conducción que hizo del partido. Prefiero hablar del nuevo PC, liderado por Pedro Bordaberry y no del partido colorado que ya fue”.
Bordaberry tampoco comparte la decisión. Si bien Bordaberry es el candidato a presidente que la agrupación apoya, Fau marca las diferencias, porque “reconoce el derecho de que podamos hacer estas cosas”.
Juan María Bordaberry, padre del líder de Vamos Uruguay, fue quien disolvió las cámaras en 1973 e inició la dictadura. Y llama la atención que un sector que apoya a Pedro Bordaberry firme por la derogación.
Ante esto, Fau separa al padre del hijo: “este sector vota a un Bordaberry que tenía 11 años cuando se dio el golpe de Estado, que estaba haciendo los deberes de la escuela. No está votando al golpe de Estado ni mucho menos. Estamos votando al hombre que fue ministro reconocido por todos, que es demócrata y quiere crear un nuevo partido, basado en principios éticos y de tolerancia a los que pensamos diferente”.
Una hora después de haberse colocado la mesa, escoltada una bandera del PC y otra de Uruguay, habían firmado seis personas. Dos coloradas, dos blancas y dos que no dijeron a quién votaban. Una de ellas habló con 180 y dijo que, aunque no fuera del PC le parecía una buena iniciativa porque “este es un problema del corazón y no de un partido político. Me sorprendió gratamente ver esta mesa”. Otra señora dijo: “me parece perfecto derogar la Ley, sea el partido que sea”.
Fau, que piensa encabezar una lista para las elecciones nacionales, maneja datos de que hay entre 20.000 y 40.000 colorados que están de acuerdo con la derogación. Dijo que en su familia hay tres visiones sobre el tema: “está mi visión, la de mi padre que no firma, pero vota que se anule, y la de mi madre que no firma ni vota. Si en tres personas hay tres visiones, ¿cómo pretenden que en un partido grande haya una sola? Eso es totalitarismo”, sentenció.
El propulsor de la iniciativa reconoce que dentro del PC se sorprendieron cuando decidieron trabajar por la derogación, pero para Fau esto es un tema de conciencia. “No es ni político, ni partidario ni de campaña electoral. Yo creo que es un tema de conciencia, personal e intransferible”, dijo. Y concluyó: “esa Ley ya fue derogada en los hechos y no pasó nada, no hubo quiebre institucional ni nada. Lo que pasa es que ni el presidente ni el gobierno se animan a derogarla de derecho como se debe hacer. Además, según el interés mediático o el interés político se investiga un caso y se deja de investigar otro. Es el peor camino. Que a partir de la derogación se investiguen todas”.
La posición de Vamos Uruguay. El grupo de Pedro Bordaberry decidió este lunes no respaldar orgánicamente la campaña para anular la Ley de Caducidad. En uno de los puntos del comunicado dice que “la indefinición acerca del alcance y los efectos que tendría la aludida 'anulación' de la ley, haría que en definitiva fuese el Poder Judicial el encargado de definirlos, colocando a los jueces en el centro de un debate que es en esencia y por encima de todo político y no jurídico”.
