La denuncia había sido presentada por el abogado Gustavo Salle Lorier y expresaba que Fernández incidió a través de la intermediación del senador blanco y excanciller Sergio Abreu en la promulgación de la Ley 18.411 que derogó el artículo 76 de la ley 2.230 del año 1893, por el que habían sido procesados los hermanos Dante y José Peirano.
Salle denunciaba esa intervención de Fernández como "una conspiración criminal" en favor de los Peirano, a quienes había asesorado.
En la resolución la jueza accede a la opinión de la fiscal Mónica Ferrero quien señaló que “no se probó que los legisladores que votaron la Ley 18.411 y los que estuvieron trabajando en su génesis hayan actuado con la intención de cometer el ilícito” y se añade que “no hubo conspiración ni coparticipación” porque “el ilícito no se cometió”.
Tampoco, se agrega, cometieron dicho ilícito los miembros del Tribunal de Apelaciones, ni los ministros de Estado, obviamente que tampoco el Dr. Gonzalo Fernández, quedando su actuación en el evento reducida a la sugerencia o advertencia de la cual da cuenta la investigación criminal efectuada”.
Finalmente la causa contra los hermanos Peirano por el cierre del Banco de Montevideo en 2002 no fue archivada porque los empresarios fueron procesados por el delito de "insolvencia societaria fraudulenta" y no por el delito tipificado en la ley derogada.
