El club funcionaría con un grupo de socios que apadrinarían cada uno una planta pero con el cultivo centralizado en un local registrado como tal ante el Estado, con auditorías e inspecciones que permitan certificar que lo que se cultiva allí es para el consumo de los socios y no para el narcotráfico.
“Nosotros creemos que tendrían que ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Creemos que tendrían que ser auditadas por el gobierno y aparte tener un régimen especial porque es una cuestión sensible”, dijo Blanco. “En el nuestro, por ejemplo, la idea es que las auditorías sean constantes, que el cultivo esté declarado, que se pueda inspeccionar, que verdaderamente se lleven registros para luego establecer una regulación sensata adaptada al país y a la realidad de los consumidores locales”, agregó.
Blanco dijo que el proyecto todavía no tiene una forma legal y de funcionamiento definitiva pero que el próximo sábado habrá una asamblea para definir muchos de estos detalles.
Además, señaló que las condiciones están dadas en Uruguay para realizar esta primera experiencia y que eso puede ayudar a afinar el proyecto de ley que está en el Parlamento que contempla clubes de membresía con un máximo de 15 miembros. “Los clubes de membresía que han funcionado durante años en España (…) van entre los 350 y 500 personas”, dijo Blanco.
Uno de los riesgos que enfrenta el proyecto es el de que las personas que se hagan cargo del cultivo podrían sufrir consecuencias legales en caso de que un juez decida que la actividad es ilícita y decida procesar a los titulares.
En este sentido, Laura Blanco dijo que hay confianza en enfrentar con buenos resultados ese obstáculo. “La opinión de los jueces ha cambiado. Llevamos dos años de procesamientos de cultivadores sin prisión. Los jueces han sido mucho más razonables”, señaló.
La presidenta de la Asociación de Estudios sobre el Cannabis dijo que los interesados en participar son muchos de los miembros de la Asociación pero que también hay 180 inscriptos por fuera de ese círculo. Blanco adelantó que seguramente no todos podrán participar y que todavía quedan varios detalles a definir pero que se piensa que en julio el proyecto estará avanzando en el papeleo y plantando las primeras plantas.
Con este panorama es probable que Uruguay tenga la primera experiencia de algo muy similar a lo que ocurrió en España, sobre todo en Cataluña y País Vasco a fines de los 80 y principio de los 90.
Según Blanco, en Uruguay las condiciones están dadas para dar este paso, incluso antes de que se vote en el parlamento la ley sobre regulación
“Nos parece que es absolutamente necesario hacer una prueba de cómo funcionaría aunque sea con una cantidad mínima razonable para que verdaderamente sea un club social y no un dispensario”, dijo Blanco.
