Las oficinas del RBC en Zonamerica fueron allanadas el 13 de junio por la jueza del Crimen Organizado, Adriana de los Santos, a pedido del juez argentino Norberto Oyarbide, en el marco de una causa que sigue por el eventual lavado de activos en la venta de jugadores.
Romani envió ayer una carta a No toquen nada y otros medios, molesto por el ataque a la Justicia del crimen organizado por el allanamiento de esta agencia de valores en Zonaamerica. Según el Royal Bank of Canada, ese allanamiento propició la salida del país.
Romani recuerda que esa sucursal fue allanada en 2007 por operaciones irregulares vinculadas al allanamiento de un campo donde se encontraron 500 kilos de cocaína. “Unos santos los nenes”, señala Romani en la carta.
“Cuando agarramos a estos bandidos de marca mayor, impolutos que ni se ensucian sus camisas, ahí sale el insólito argumento que no se puede hacer un allanamiento como si fuera una bodega. Con perdón de los bodegueros, pero ¿qué tienen estos que no tengan unos contrabandistas? ¿Confeccionar “protocolos”? Siempre se puede y se debe. Pero antes: que se vayan. Es una muy buena señal. Clara. Que en Uruguay no queremos inversión chatarra. Lo único que traen son transacciones sucias, tráfico de drogas, corrupción y dolores de cabeza. Confidencialidad si, pero no para negocios turbios”, escribió el embajador uruguayo.
Romani se refiere a declaraciones del vicepresidente Danilo Astori y el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara.
Astori consideró que el allanamiento se podría haber hecho de otra forma, “más cuidadosa”, dijo a El Espectador. Para él no es una buena noticia la salida del país del RBC.
"Me preocupa porque no es buena cosa para Uruguay que un banco de esta relevancia se vaya. Creo que las cosas se pudieron haber hecho de otra manera. De una manera más cuidadosa. Lo digo con el mayor de los respetos. Quizás se pudo haber hecho de otra manera”, declaró en entrevista con El Espectador.
Por su parte, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, anunció que se busca establecer un protocolo junto al Poder Judicial para estas actuaciones. “Acá el tema no es que si alguien del exterior nos pide algo, no actuemos; el tema es buscar las mejores modalidades de actuación para que todo el mundo perciba que la justicia da todas las garantías”, afirmó.
"El objetivo es obtener la información necesaria, no más, no menos, y con los mejores procedimientos posibles; en eso estamos comprometidos con los jueces del crimen organizado y con los fiscales asociados a esos juzgados”, agregó Bergara.
El director de la Secretaria Antilavado, Carlos Díaz, dijo a El Observador que se enteró por la prensa de la elaboración de ese protocolo. “A nosotros no nos informaron del protocolo. Y no está bueno hablar del protocolo en este momento, porque eso qué quiere decir. ¿Que surgió la necesidad? ¿Qué fue lo que determinó que surgiera esa necesidad, algo que se hizo mal?”.
Díaz cuestionó que se “descalifique” a los jueces de Crimen Organizado al determinar cómo debe hacerse un procedimiento. Consideró que los allanamientos nunca son cómodos y recordó que en el procedimiento de 2007 los policías preguntaban y los funcionarios uruguayos del RBC contestaban exclusivamente en inglés. “El clima de este tipo de situaciones las crean las dos partes. No veo en Crimen Organizado el talante de andar llevando gente por delante. Si no se atropella a algún narcotraficante, no se atropella a un trabajador de un banco”, dijo a El Observador.
“Todas las actuaciones son duras. Esta aparentemente es dura por la crítica que se ha levantado. Las otras son duras porque corremos el riesgo de que alguien nos mate y nadie habla de ellas. Hablamos de Crimen Organizado”, agregó.
