La aprobación de esta disposición establece que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es quien está autorizado para decidir sobre el proceso de salida de los presos para asistir a actividades de trabajo o estudio. Por su parte, el Poder Judicial será informado al final del proceso de salida.
El senador frenteamplista Rafael Michelini explicó que esta medida forma parte de la ley de humanización de las Cárceles. Sin embargo, la oposición considera que el artículo es inconstitucional al darle la potestad a una Comisión del Poder Ejecutivo para autorizar las salidas, que no detalla qué presos pueden salir por este motivo ni la gravedad de sus delitos.
“El Instituto pone al recluso en el programa de formación y ese puede ser interno o externo, si es externo se toman las medidas del caso. No es que esté libre la persona, ni que pueda hacer lo que quiera”, manifestó a 180 el senador oficialista Rafael Michelini.
Competencia de los órganos
“Nosotros votamos en contra porque consideramos que en el Uruguay, por el principio de la separación de poderes, es el Poder Judicial el que tiene la competencia exclusiva en materia de juzgamiento”, manifestó a 180 Francisco Gallinal, senador del Partido Nacional.
El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry también discrepó con el artículo aprobado y, al igual que Gallinal, expresó a 180 que sí está a favor de que los presos salgan a trabajar con custodia, “pero que para eso hay que cumplir con la Constitución y la Constitución dice que quien tiene que autorizarlo es el juez y no el Poder Ejecutivo”.
“Darle a una autoridad administrativa, después de que un juez decide un procesamiento con prisión, la potestad de tomar una decisión contraria nos parece absolutamente inconstitucional”, agregó Gallinal.
Por su parte, Michelini aclaró que la salida no es lo central de esta medida sino el programa de rehabilitación para que puedan trabajar o estudiar y que “cuando se trasladan presos desde un penal a otro tampoco hay autorización judicial. Esto también es un traslado”, aclaró.
Tanto el Partido Colorado como el Nacional consideran que este artículo, además, no distingue el tipo de delito cometido por cada preso que va a salir y que es preciso que el juez de la causa sea quien determine una autorización al distinguir la peligrosidad del sujeto y las medidas que tienen que llevarse a cabo según el caso.
“El juez es el que valora la peligrosidad, no es lo mismo alguien que hurtó algo que alguien que mató a dos personas”, ejemplificó Bordaberry.
Policías a cargo
El senador blanco también consideró que “un policía para cada preso significa restringir las posibilidades de seguridad para el resto de la población. Porque si hay algo que le hace falta al Ministerio del Interior es policías. Así que ahora vamos a custodiar más a los presos que a los libres”.
Errores de redacción
Bordaberry explicó que a su entender el artículo quedó mal redactado porque no aclara que esa Comisión tenga la potestad de autorizar las salidas, sino que se le autoriza el diseño y desarrollo de programas en torno al tema. “Aunque el oficialismo piensa que sí”, mencionó.
Manifestó, además, que esto puede traer como consecuencia que algunos jueces no lo acepten, “que la norma sea declarada inconstitucional y tengamos que enfrentarnos nuevamente a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia”.
