La isla Petty será donada por el presidente venezolano a New Jersey para desarrollar proyectos ecológicos. Está valorada en 19,7 millones de dólares y tiene 80 hectáreas. Eso es lo que le informó Chávez al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Hasta ahí no hay nada sorprendente. Pero este miércoles, El Nacional de Venezuela informa que la isla es propiedad de Citgo, una corporación petrolera de capitales venezolanos, refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina.
En la página web de Citgo se especifica que la isla Petty, localizada en el estado de New Jersey, ha sido de su propiedad desde 1900 y que allí han funcionado desde entonces industrias relacionadas con la actividad petrolera. En el Registro de Propiedades de New Jersey además, figuran todos los datos relativos a las características del lote.
El Nacional califica la acción de Chávez como una muestra más de que el presidente maneja a capricho los bienes de la república. El diario consultó al internacionalista Carlos Romero quien dijo que “Chávez no tiene derechos sobre la isleta porque pertenece a una empresa privada, no puede disponer de esa propiedad porque no es un buen de la república, sino de Citgo”.
El obsequio se enmarca en la búsqueda de un mejoramiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos pero algunos miembros de la oposición ya pusieron el grito en el cielo. El diputado Juan Molina de Podemos dijo a El Nacional que “lo que uno ve es la manera dispendiosa en que se maneja Chávez, a quien no le importa perder 20 millones de dólares que pudieron haber resuelto algunas necesidades de los venezolanos”.
Otras personalidades venezolanas también expresaron su desacuerdo con el mandatario. Fernando Ochoa, ex ministro de Relaciones Exteriores, manifestó que “aunque la isla sea propiedad de una empresa privada, eso no quiere decir que quien maneja los intereses del país pueda decidir sobre el destino de propiedad de una manera tan libre. El Presidente no se pone ningún límite legal ni político, se maneja como el dueño del país".
Asdrúbal Aguiar, catedrático y experto en Derecho Internacional, antiguo miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicó que "los bienes del dominio público no se venden nunca sin la autorización de la Asamblea, pero los privados sí, y los que estén a nombre de la nación. El problema radica en que Chávez regala el patrimonio público para actividades personales, y eso es fraude a sus deberes constitucionales".
