Los senadores Reinaldo Gargano, Susana Dalmás, Antonio Galicchio, Margarita Percovich y Lucía Topolansky redactaron el proyecto de resolución de un único artículo que declara que "no procede" realizar juicio político al intendente de Maldonado.
En el año 2007 un grupo de ediles nacionalistas del grupo Renovación liderado por Federico Casaretto presentaron en la Junta Departamental de Maldonado una moción para iniciar el juicio político. Algunas de las acusaciones eran: "adjudicación directa del monopolio de la publicidad en vía pública a la empresa Satenil SA y a privados de la construcción de casetas de guardavidas en las playas de Maldonado; violación del principio de igualdad realizando contrataciones directas para el bacheo de calles".
Como miembro informante, el senador Gargano dijo que luego de estudiar los documentos y los motivos de los ediles de Maldonado que solicitaron el juicio político, la mayoría de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado entendió que no hubo violaciones a la Constitución que ameriten un juicio político.
La argumentación es que el juicio político se realiza cuando hay delitos graves, y según la comisión, las acciones municipales cuestionadas en Maldonado no son delitos y menos graves. Los senadores del gobierno coincidieron en que no hubo ninguna violación grave a la Constitución de la República.
Nota asociada:
De los Santos declaró por eventual juicio político
