Los fondos del Tesoro, que este miércoles perdieron 161 millones de dólares, se vienen reduciendo a un ritmo acelerado por la demanda de divisas, la importación de energía y la falta de entrada de capitales.
En enero de 2011, Argentina había logrado un récord de reservas de 52.654 millones de dólares.
La consultora Finsoport estimó que la pérdida de reservas internacionales llegaría este año a más de 9.000 millones de dólares, con lo cual se ubicarían "en el crítico nivel de 20.000 millones de dólares".
El año pasado la pérdida fue de 12.691 millones de dólares.
El gobierno impuso severas restricciones a la venta de dólares para ahorro divisas, pero con la medida no logró frenar por completo la fuga de capitales ni evitar un mercado marginal del billete estadounidense.
Parte de las reservas se utilizan para mantener el nivel del peso ante la moneda norteamericana que este miércoles se ubicó en 6,75 pesos por dólar, mientras que en el mercado marginal se vendía a 11,06 pesos.
Otra sangría de dólares se produce por la importación de combustibles, que en 2012 ascendió a unos 12.000 millones de dólares.
Inflación
Otro número incómodo es el de la inflación que en 2013 fue de 10,9%, según el cuestionado índice de precios que difundió este miércoles el gobierno, un valor muy inferior al alza de 28,38% estimada por institutos privados.
El Nivel General del Índice de Precios al Consumidor "registró en diciembre una variación de 1,4% con relación al mes anterior y de 10,9% con respecto a igual mes del año anterior", señala un comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Esta información contrasta fuertemente con los datos del llamado 'Índice Congreso', difundido mes a mes por la oposición y que se calcula en base al promedio de las mediciones de consultoras privadas.
Según ese cálculo -divulgado el martes en una rueda de prensa en el Parlamento con la presencia de legisladores de diversos partidos- los precios minoristas aumentaron 28,38% en 2013, la cifra más alta de la última década.
Desde 2008, las consultoras privadas difunden datos de variación del índice del costo de vida (IPC) en base a sus propios cálculos, ante las denuncias de manipulación contra el ente oficial encargado de las estadísticas, provenientes incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este es el último índice que difunde el INDEC en base a una vieja metodología que monitoreaba sólo los precios de Buenos Aires y su periferia para calcular la inflación.
A partir de enero, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) tendrá carácter nacional, en base a un nuevo método en cuya elaboración colaboraron técnicos del FMI.
Las sospechas de manipulación del INDEC se remontan a 2007, cuando el gobierno decidió su intervención y el desplazamiento de algunas de sus autoridades, entre ellas las encargadas de calcular la variación del costo de vida.
A partir de entonces, las estimaciones alternativas, que llegaron a triplicar las oficiales, se transformaron en referentes del mercado.
En 2008, por ejemplo, el IPC oficial fue de 7,2% (23% el privado), 2009 de 7,7% (17), 2010 de 10,9% (26), 2011 de 9,5% (23) y 2012 de 10,8% (28).
Los legisladores comenzaron a divulgar los datos de inflación luego de que Guillermo Moreno, el polémico exsecretario de Comercio Interior, prohibiera a las consultoras informar sobre el IPC porque consideraba que no tenían capacidad logística para hacerlo.
Además, el gobierno impuso severas multas a esas empresas, que luego fueron dejadas sin efecto por la justicia.
En este momento, hay dos causas judiciales contra el INDEC por manipulación de estadísticas.
"El índice del INDEC no es confiable. Hay que cambiar la gente porque no es un problema de metodología, lo que pasa es que los números que cargan son falsos", dijo a la AFP Nicolás Dujovne, de Nicolás Dujovne y Asociados.
El consultor señaló que "el gobierno no puede delegar el cálculo del índice de inflación" y destacó que "la negociación para los aumentos salariales se hace sobre el IPC de las consultorías privadas".
Pese a que el gobierno sólo reconoció un 11% de inflación en 2012, los salarios de los empleados del sector público aumentaron en 2013 entre 20 y 25%.
En un intento por frenar el alza de precios, sobre todo de la canasta básica de alimentos, el gobierno firmó a comienzos de enero un acuerdo con las principales cadenas de supermercados para mantener los precios de productos de primera necesidad.
El convenio rige en la capital federal y su periferia, el mayor conglomerado urbano del país donde viven casi 13 de los 40 millones de argentinos.
Según las autoridades, al acuerdo redunda en "una reducción de precios del 7% en promedio" entre productos de almacén, lácteos, panificados, carnes, frutas y verduras, de librería, limpieza e higiene personal.
El gobierno advirtió que se prevén sanciones, que irán de multas a clausuras, para los que no puedan justificar un eventual desabastecimiento en las góndolas.
