"El funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 a 3.000 Unidades Reajustables", señala el artículo 162 de abuso de funciones en casos no previstos por la ley.
Actualmente el Parlamento estudia la reforma del Código Penal donde se propone la eliminación de este artículo. "Las razones son exclusivamente de Derecho Penal. Entendemos, como entienden todos los que se han dedicado al estudio de esta disciplina, que las leyes y los delitos en Derecho Penal tienen que ser una norma típica, es decir, una ley estricta, una ley cierta y una ley escrita, que esté correctamente tipificada la conducta que se quiere penar", explicó Cairoli.
En este caso el artículo 162 es "una disposición que proviene de 1934, que fue mal copiada del Código Penal italiano de 1930 y trae una serie de tipificaciones que son muy ambiguas", añadió.
Este miércoles la Suprema Corte de Justicia decidió por unanimidad rechazar los recursos de inconstitucionalidad del delito de abuso innominado de funciones presentados por las defensas del exministro de Economía Fernando Lorenzo, del presidente del Banco República, Fernando Calloia, y del intendente de Colonia, Walter Zimmer.
El abuso de funciones "no es necesario que se pene desde el punto de vista del Derecho Penal. Que se sancione sí con una pena administrativa, con una multa, con una inhabilitación para el cargo, pero el Derecho Penal no se puede usar para todo, es un derecho de mínima expresión", señaló.
"Primero hay otras soluciones y la de Derecho Penal debe ser siempre la última. De esta manera, cuando nosotros creamos y pensamos en nuevos delitos y agravamos las penas, lo que estamos haciendo es una inflación del Derecho Penal, un uso desmedido del Derecho Penal que es lo que de alguna manera hace que las cárceles estén llenas", agregó.
Para Cairoli el artículo está "mal copiado" porque el código italiano "habla de abuso de poder y no abuso de cargo simplemente". "Con un abuso de poder se justifica porque el funcionario público ha hecho un uso desmedido del poder que tiene como tal y ha creado una serie de situaciones que pueden ser perjudiciales para la administración o los particulares. Acá no, acá se habla simplemente de abuso de cargo y de que comete un acto arbitrario. Actos arbitrarios hay miles. Si un funcionario público no lo deja entrar a usted a una oficina pública porque está mal vestido y eso es un acto arbitrario, y por eso no va a ser autor de un delito de abuso de funciones", explicó.
El artículo 162 "está vigente" y "quien pida el procesamiento por este artículo no está cometiendo ilegalidades porque el artículo existe y es un delito existente".
"Si se deroga el artículo se tiene que aplicar el artículo 15 del Código Penal que dice que cuando un delito se deroga, se aplica hacia el pasado", lo que implica que "aquellos que estén presos por este delito tienen que salir en libertad".
Si no existiera el artículo 162 y un funcionario público favoreciera a una empresa privada, "se aplica el artículo de la conjunción del interés personal y del público", que es el 161.
