Argumentando falta de inversiones por parte de la petrolera española en pleno déficit energético en Argentina y su voluntad de recuperar el autoabastecimiento de combustibles, la presidenta Fernández había expropiado por ley la casi totalidad de las acciones que Repsol tenía en su entonces filial YPF.
Tras generar un duro enfrentamiento diplomático con el gobierno español --que recibió el apoyo de la Unión Europea, Estados Unidos y organismos multilaterales--, el ejecutivo argentino dio un giro pragmático a finales de noviembre alcanzando un preacuerdo de compensación con Repsol.
Sus términos precisos, negociados en un contexto de fuerte presión monetaria en Argentina, dan "derecho de la compañía a percibir 5.000 millones de dólares como compensación a la expropiación del 51% de las acciones de YPF" y ofrecen "garantías para su pago efectivo", informó Repsol en un comunicado.
La compensación se realizará en bonos de deuda argentinos, por 500 millones de dólares con vencimiento en 2017, 3.250 millones con vencimiento en 2024 y 1.250 millones con vencimiento en 2033.
Previendo esta compensación, Repsol --que antes de la expropiación tenía a YPF contabilizado en sus libros por 5.400 millones de euros (unos 7.350 millones de dólares)-- anunció la semana pasada que aprovisionaría 1.279 millones de euros con cargo a sus resultados de 2013 para compensar las pérdidas ligadas a la expropiación.
Estas y otras provisiones provocaron un desplome del 90% de su beneficio neto en 2013, a 195 millones de euros, según los resultados presentados este martes por la petrolera, quien consideró que el acuerdo con Argentina permitirá "reforzar la solidez financiera y aumentar la capacidad de crecimiento e inversión de Repsol durante los próximos años".
El acuerdo, aprobado este martes por el consejo de administración de Repsol, deberá ser ahora ratificado por su junta de accionista y por el Congreso de Argentina.
Las tres grandes agencias de calificación crediticia Fitch, Moody's y Standard and Poor's sitúan a la deuda argentina en el nivel de 'bono basura', lo que implica un riesgo de que el país no pague a sus acreedores.
Para blindarse ante esta situación, Repsol negoció la emisión de un paquete de deuda "complementario, por un importe máximo de 1.000 millones de dólares" cuya entrega "se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a 4.670 millones de dólares, con un máximo de 6.000 millones de dólares de valor nominal", explicó la petrolera.
La petrolera "libremente" puede decidir vender dichos bonos sin esperar a su vencimiento, afirmó, precisando que si "se obtuviera un importe superior a los 5.000 millones de dólares (descontados gastos e intereses), el exceso se devolvería a la República Argentina".
Como garantía adicional, Argentina "reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional (...) las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares", afirmó Repsol.
Aunque lejos de los 10.500 millones de dólares que había reclamado en un principio, con este acuerdo Repsol evita una batalla judicial en España, Argentina y organismos internacionales que podría prolongarse durante años y en el marco de la cual la Corte Suprema de Nueva York rechazó el 8 de febrero una demanda presentada por la petrolera española contra YPF y un banco neoyorquino.
Por el acuerdo ahora alcanzado ambas partes se comprometen así al "desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones".
La expropiación de Repsol había provocado también tensiones dentro del consejo de administración de la petrolera española. Emilio Lozoya, el director general de la petrolera pública mexicana Pemex, uno de los principales accionistas con un 9,34% de las acciones, había proferido duras críticas contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
