La investigación de los contratos de Alstom y Siemens comenzó en el año 2008 en Brasil, con la sospecha del pago coimas en el marco de licitaciones ferroviarias en el Estado de San Pablo.
En medio de esta causa, Siemens fue condenada en Alemania y Estados Unidos, mientras Alstom fue juzgada en Suiza donde estaban las cuentas bancarias para girar el dinero a los funcionarios brasileños. Sin embargo no han sido condenadas en Brasil y la justicia norteña no ha solicitado colaboración a Uruguay para investigar esa conexión local, pese a que la sospecha existe desde hace seis años.
El jueves el diario brasileño informó que son al menos tres las empresas uruguayas contratadas por Alstom y Siemens para dar “consultoría sobre el proyecto del metro”. La investigación del periodista Fernando Gallo para el diario O Estado de S.Paulo sostiene que las empresas contratadas en Uruguay son “de fechada”. La nota menciona a las empresas Gantown, Leraway y GHT, todas con dirección oficial en el estudio de Guyer y Regules.
No sin ironía, la nota afirma que en Uruguay no hay ninguna tradición ferroviaria que habilite a una empresa a asesorar a otra que desea instalarse en Brasil en esta área. El país “no tiene subterráneo y dispone solo de una línea de tren de pasajeros que cuenta con cinco vagones y transporta solamente 1.200 personas por día”, dice el artículo.
180 accedió al documento de la investigación de la fiscalía de Brasil. Allí aparece el pedido de colaboración de la fiscalía suiza, en febrero de 2011, a la Justicia penal brasileña. La fisclía suiza señala la sospecha de que el grupo francés Alstom corrompió – con la complicidad de brasileños- a funcionarios públicos de la Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
Según la investigación de la justicia suiza fue posible determinar como destinatarias directas de los pagos de “comisiones” algunas empresas offshore uruguayas y menciona a Gantown consulting AS y a GHT consultins AS, ambas con dirección en Montevideo, en la calle Colonia 810, piso 10.
El diario El Observador informó que dos contadores uruguayos están implicados en esas empresas ya que uno preside y el otro integra las sociedades anónimas sospechadas de haber sido utilizadas para pagar las coimas.
Las operaciones se enmarcaban en la operativa de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión. La reforma tributaria de 2007 prohibió la creación de nuevas safis y obligó al cierre de las mismas para el 31 de diciembre de 2010.
Desde Guyer y Regules declararon por escrito a O Estado de S.Paulo que prestaron “servicios de contabilidad, financieros y de liquidación de impuestos” a esas firmas y que “no participaron ni poseen información sobre las actividades de esas sociedades más allá de lo meramente formal”. Agregaron que por la forma jurídica escogida no podían tener actividad en Uruguay y que las sociedades anónimas están “en proceso de disolución y liquidación”.
