En una decisión de potencial riesgo para su campaña de reelección y el proceso de paz que lleva a cabo con los rebeldes de las FARC, Santos tendrá que decidir si da paso a la remoción de Petro, como dispuso la justicia colombiana, o acoge un pedido de la CIDH para suspender la destitución que ordenó un órgano de control en diciembre.
Espero "que el presidente (...) simplemente acate", declaró Petro este miércoles al recordar que Colombia forma parte del sistema interamericano al que pertenece la CIDH.
El martes, un alto tribunal de Colombia mantuvo en firme la destitución del alcalde de Bogotá, dispuesta el 6 de diciembre por la Procuraduría -el órgano responsable de sancionar a los funcionarios públicos-, al tiempo que la CIDH dictó medidas cautelares a favor de Petro.
Figura de la izquierda colombiana, el alcalde de 53 años fue destituido e inhabilitado políticamente por 15 años, a raíz de una polémica reforma al sistema de recolección de basuras que a juicio del procurador, Alejandro Ordóñez, afectó la libre competencia al transferir a una empresa pública el control de ese servicio que estaba en manos de concesionarias privadas.
La CIDH, con sede en Washington, pidió, sin embargo, "garantizar el ejercicio de los derechos políticos" de Petro con el fin de que "pueda cumplir con el período para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá" (2012-2016).
Petro -quien convocó para este miércoles a una concentración de apoyo- reconoció que "jurídicamente" Santos puede definir su futuro, pero advirtió que "políticamente e históricamente sería una enorme equivocación" si no acoge las medidas de la CIDH, cuyas resoluciones dividen opiniones en torno a si son o no de carácter obligatorio.
La Corte Constitucional, máxima instancia judicial de Colombia, "ha dicho que las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento", afirmó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez.
En lo inmediato, Santos aparece como el árbitro de esta disputa legal que desde hace tres meses y medio mantiene en vilo la administración de Bogotá, una ciudad de siete millones de habitantes.
La apuesta por el referendo
Una vez sea notificado de la decisión que tomó el Consejo de Estado contra Petro, el presidente colombiano cuenta con diez días para firmar la destitución de Petro. Hasta este miércoles el gobierno no había informado si había recibido la notificación contra el alcalde.
"Destituirlo a pesar de las medidas cautelares sería un mensaje negativo fuerte, reforzando las dudas que tienen" las FARC sobre "las garantías efectivas para la participación política de ellos", comentó a la AFP Christian Voelkel, analista para Colombia del International Crisis Group.
Mientras, el alcalde -cuya gestión es aprobada por el 48% según una encuesta de febrero- reiteró su disposición a ir a referendo revocatorio convocado por iniciativa ciudadana antes de que se activara el espinoso pleito jurídico en torno a su destitución.
"Han establecido la fecha del 6 de abril, y no hay nada en este momento que impida desde el punto de vista legal y constitucional que se efectúen esas elecciones (...) Si dice la mayoría que el alcalde se va, pues el alcalde se va", sostuvo Petro.
A lo largo del proceso, en el que sus seguidores han interpuesto decenas de recursos de protección, Petro ha insistido en que el procurador actuó "arbitrariamente" y con sesgo político.
El procurador Ordóñez, en el cargo desde 2009 y quien ha destituido a centenares de funcionarios públicos, es cuestionado por sus posiciones conservadoras y críticas al proceso de paz que se lleva a cabo en Cuba con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).
En uno de sus fallos más polémicos, inhabilitó políticamente por 18 años a la exsenadora de izquierda Piedad Córdoba por "excederse" en sus gestiones a favor de la liberación de secuestrados en poder de las FARC.
"Todo el sentido del proceso de paz es hacer que las guerrillas entren en la política. Si ahora el alcalde se destituyera, eso va a reforzar esas dudas" entre los rebeldes, insistió Voelkel.
