El lunes se firmó el decreto que establece las nuevas medidas de seguridad para los 912 locales de Abitab, Redpagos, Anda y CorreoBancpagos de todo el país, donde se cobran asignaciones familiares, subsidios por desempleo, enfermedad y maternidad, además de jubilaciones y pensiones.
En la tarde del viernes fueron presentadas por la ministra del Interior, acompañada por el director del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse), el comisario inspector Hugo de León, quien aclaró que “no se deroga nada, sino que ampliamos y complementamos la normativa que existía al momento”.
Según la ministra, este decreto responde a un doble objetivo: “no sólo a garantizar la seguridad de las personas que allí trabajan sino también, fundamentalmente, para quienes concurren a los locales”.
Las nuevas medidas surgieron de reuniones entre Renaemse y las redes de pagos. Las medidas deberán ser implementadas en 60 días.
Este decreto abarca solamente a locales que efectúan pagos descentralizados del BPS. Al momento, no está prevista una normativa para el resto de los locales de cobranza, debido a que su competencia corresponde al Banco Central. Sin embargo, se anunció que el 30 de abril se creó una comisión de trabajo para modificar esta normativa y poder incluir al resto de los locales.
Nuevas medidas de seguridad
Los vidrios que separan al cliente del trabajador deberán tener 32 milímetros de grosor (en la actualidad tienen 10 mm): “para prevenir ataques de objetos contundentes como un marrón o una maza”, dijo de León.
Los vidrios tendrán que medir 2,20 metros de altura. En caso de que el local sea más alto, habrá un cerramiento con malla metálica o con rejas.
Los mostradores deberán reforzarse con una chapa de 5 milímetros de espesor.
La puerta por la que ingresan los empleados hacia su lugar de trabajo será reforzada con una chapa de 3 milímetros de espesor. Además, contará con un sistema de apertura a distancia, es decir que solamente la podrán abrir los funcionarios.
Se mantienen los pulsadores de pánico, “anti-asalto”, que avisan de forma inmediata a la central de alarmas de la policía o a la jefatura que corresponda.
Se mantienen las cajas fuertes con sistema de retardo de siete minutos. Deben pesar 800 kilos como mínimo y estar amuradas al piso.
Para que los empleados no manejen “una gran cantidad de dinero en caja” y que no sea necesario abrir la caja fuerte varias veces en el día (lo recomendable es que esa acción se realice al comienzo y al final de la jornada, como también en casos excepcionales); se implementarán “Mini Cajas” que irán debajo del mostrador, empotradas al piso, donde el funcionario podrá depositar dinero cuando le parezca pertinente. De León explicó que si alguien quiere meter la mano o los dedos, el sistema anti-pesca no le va a permitir sacar el brazo.
No se permitirá la recarga de cajeros automáticos o su mantenimiento entre las 21:00 horas y las 06:00 de la mañana.
A las puertas del local habrá que ponerles una malla metálica, para prevenir siniestros mientras el local está cerrado.
A todas las aberturas como puertas y ventanas deberán colocársele rejas.
Tendrá que haber censores de movimiento, de calor y de rotura de vidrios.
Habrá que contratar a un guardia quien deberá estar armado y permanecer en el hall del local durante el horario de atención al público. Hasta ahora, se exigía su presencia solamente en los días de pagos, que son dos o tres por mes. Ese guardia podrá ser un oficial de policía, un guardia de seguridad de una empresa habilitada ante el Ministerio o un prestador privado de seguridad dependiente de la entidad, o un prestador privado independiente, también habilitado ante el Ministerio. “Hay cuatro opciones, no exigimos que se contrate un policía”, aclaró de León.
Responsabilidad compartida
Tourné definió como “alerta” y un “pedido de responsabilidad” la actual situación de violencia juvenil.
Citó un caso sucedido el 28 de abril en el departamento de Artigas, cuando “un grupo de jóvenes tuvo conductas violentas: ingresó a una UTU y destrozó mucho material. Luego, se enfrentaron a efectivos policiales”.
La ministra dijo que se trata de un tema “de seria preocupación” en dos sentidos. Primero, “nos preocupa que nuestra sociedad permita que se comience a transitar por este tipo de vínculos”. Segundo, “tenemos la obligación de la garantía del orden público”.
“Para evitar males mayores, nos parece que lo mejor es comunicarnos con la población y decirles que hay responsabilidades compartidas (…) Estos jóvenes, que utilizamos como ejemplo de un síntoma, seguro tienen padre y madre: debemos exhortar a la responsabilidad adulta en estos casos”, afirmó Tourné, que agregó que “la inexistencia de límites es muy perjudicial en una democracia”.
Reiteró que el accionar policial está respaldado a partir de la aprobación de la Ley de Procedimiento Policial y solicitó a la población que conozca el reglamento, disponible en la página web del Ministerio.
Nuevas plazas carcelarias
Ya está presupuestada parte de la construccion de las 1.250 plazas carcelarias en módulos de 250, ubicados en el Comcar, el Penal de Libertad (San José) y Las Rosas (Maldonado).
Dado que el proyecto tiene carácter de "urgente", se comenzarán a estudiar las propuestas pero sin licitación. La ministra aclaró que esto está permitido por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, más conocido como Tocaf.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente avanzó en la compra de locales para "casas de medio camino", dijo Tourné. Esto permitirá alojar a 30 reclusos con lo que se disminuirá la población carcelaria.
