El Esquema Integral de Seguridad Ciudadana, en el que se enmarca el convenio entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Comcar, fue presentado en agosto de 2008 (cuando se firmó el convenio marco) y puesto en marcha en octubre. Según las autoridades, el acuerdo ha permitido mejorar significativamente la atención de la salud de la población reclusa, optimizando los niveles de coordinación con el MSP y la Junta Nacional de Drogas (JND).
Desde octubre a la fecha, en el Comcar hubo 10.706 consultas. La población carcelaria es de 2.851 reclusos. En total, 17 personas gtrabajan en ese centro. Son ocho médicos, siete enfermeras y dos choferes. Además, hay una ambulancia destinada a cubrir los traslados que no son de emergencia.
Alicia Scarlata, asesora de la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, en temas carcelarios, dijo que se trata de una experiencia gratificante “que se dio en tiempos más cortos” de los previstos. Su postura fue compartida tanto por Daisy Tourné, ministra del Interior, como por Muñoz.
Por su parte, Roberto Feher, médico que trabaja en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez, explicó que entre setiembre y octubre se dedicaron a hacer un diagnóstico para conocer más a la población que iban a atender, que representa a un tercio del total de personas privadas de libertad en el país. En ese momento, entendieron relevante -por ejemplo- mantener un diálogo más fluido con los delegados de los reclusos.
Junto a ellos, decidieron organizar las consultas por módulo, respetando los horarios de visita y almuerzo. En promedio, en este período hubo 84.9 actos médicos por día (entre consultas y diferentes intervenciones), y 407 traslados.
Antonio Mombelli, médico que también trabaja en el Comcar, dijo que entran alrededor de 25 reclusos por día, la mayoría de ellos primarios, que en la primera semana necesitan consultar por el cambio de vida que les significa. Según explicó, su objetivo es tratar las enfermedades que ya están instaladas y prevenir las que puedan llegar, por eso ya fueron vacunados más de 900 presos contra la gripe. Esto es especialmente importante en un lugar “en donde hay, por no decir hacinamiento, muchas personas juntas”, indicó Mombelli.
El doctor explicó que se comenzó en el Comcar porque había un sector estratégico de la población reclusa, en donde el 77% de las personas privadas de libertad son menores de 40 años. Además, anunció que en breve el servicio de salud se extenderá a la cárcel de Cabildo, en donde hay 300 mujeres con niños.
Con respecto a la evolución de la experiencia, señaló que se informatizó la actividad médica, o sea, que se digitalizaron los datos de los pacientes. Eso prácticamente no existía antes de esta experiencia. La historia clínica de cada uno de los 2.851 está disponible para todos los médicos de las diferentes especialidades que los tratan.
A raíz de la implementación de los servicios de ASSE en el complejo, los médicos que allí atienden notaron un enorme descenso en las consultas y lograron contener sus principales causantes: los problemas odontológicos y las heridas autoinfligidas.
Mombelli espera que en breve el lugar pueda contar con más personal de salud y remarcó la actuación de la policía, que “trabajó para que las cosas salieran adelante”.
Por su parte, Tourné dijo que para estas situaciones se necesita un equipo “con real vocación” porque no hay formación especializada para atender a la población reclusa, “hay que meterse en la cancha y aprender”. La ministra también señaló que la asistencia médica en el lugar incide “en cómo se vive la reclusión. Si te duele una muela y te dan una pichicata” no es lo mismo que convivir con el dolor. A su vez, el preso deja de ser un número “y recobra nombre y apellido”.
Acciones de este tipo, dijo, demuestran que el Estado puede trabajar de manera coordinada. El hecho puntual que más enfatizó la ministr, fue que se negoció con la población privada de libertad.
“Falta, claro, ¡si faltará! Pero esto demuestra que los cambios son posibles aún en las realidades más adversas. Este es el camino”, finalizó.
Muñoz expresó que hace algunos años pensaba que no era obligación de ASSE hacerse cargo de la salud de los reclusos, pero cuando fue nombrada ministra, se dio cuenta de que esa población fue y será usuaria de Salud Pública, y que es la de mayor vulnerabilidad. “Queremos que el recluso salga mejor, por eso hay que brindarle el tratamiento adecuado en el momento justo”, expresó.
