La propuesta del Poder Ejecutivo para derogar estos decretos fue respaldada por 82 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones.
El pleno del Congreso de Perú aprobó esta tarde derogar los decretos legislativos 1090 y 1064, que eran ampliamente rechazados por las comunidades nativas de la selva y que originaron las violentas protestas en la ciudad de Bagua que dejaron 34 muertos.
El proyecto aprobado resume en dos artículos nueve proyectos de ley presentados con anterioridad con el mismo propósito. En la primera votación, el documento fue aprobado con 82 votos a favor y 12 en contra; y fue sancionado en segunda votación, con 82 votos a favor y 14 en contra. En ninguno de los dos casos hubo abstenciones.
"El día de hoy es un día histórico para todos los indígenas y toda la nación de Perú", dijo Daysi Zapata, la vicepresidenta de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Los indígenas consideran que la legislación vinculada al TLC habilitaba un desembarco masivo de empresas privadas extranjeras en zonas de propiedad ancestral.
"Todavía existen siete decretos en vigor", dijo Zapata, y sugirió futuras reivindicaciones para modificar las leyes y preservar sus tierras ancestrales de la colonización de compañías extranjeras.
El perdón de Alan García
En su mensaje al pueblo peruano, García hizo un blance de lo que llamó "errores y exageraciones” de Bagua, donde murieron 24 policías y 10 nativos. Hizo un mea culpa de los errores cometidos por el gobierno que desencadenaron la ola de violencia durante el paro en Bagua el pasado 5 de junio.
Alan García dijo que el objetivo fue hacer cumplir y respetar la ley abriendo las carreteras y recuperando las estaciones de bombeo del Oleoducto Peruano, pero que no se calculó que detrás de los nativos se ocultaría gente criminal y cruel dispuesta a matar policías y a empujar a la Policía a matar nativos.
García recordó que el objetivo de los decretos aprobados hace un año sobre la selva, era proteger a la Amazonía de la tala ilegal, el contrabando de la madera, la siembra ilegal de la coca, el narcotráfico y la minería informal, así como la depredación y el contrabando de las especies animales de la Amazonía.
Reconoció, sin embargo, que entonces no se conversó con los jefes de las comunidades nativas en las que hay 300 mil peruanos.
El presidente peruano respaldó la cuestionada decisión del jefe del Gabinete, Yehude Simon, de proponer derogar los decretos y la ley y comenzar un nuevo diálogo con el cual se pueda aprobar nuevas normas para proteger la Amazonía.
Sin embargo, en la tarde del jueves, el Congreso peruano aprobó interpelar al primer ministro Simon, y a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, sobre la responsabilidad de la represión policial que siguió a las protestas en Bagua.
FUENTES: El Comercio, Perú; BBC Mundo; El País Madrid
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