"Estoy electo por cuatro años. A mí nadie me puede sacar de aquí, sólo Dios y el pueblo", dijo el presidente, visiblemente cansado. El mandatario inició este viernes la distribución de material para realizar una consulta el domingo que aspira a abrir el camino a su reelección presidencial.
Zelaya sigue firme en su decisión de realizar la encuesta el domingo. Este viernes dijo en cadena de radio y televisión que comenzaba la distribución del material para desarrollar la encuesta -foco del conflicto-, pese a la oposición de las principales fuerzas políticas e instituciones democráticas del país.
El mandatario quiere saber si cuenta con la luz verde de los ciudadanos para instalar una cuarta urna durante las elecciones del 29 de noviembre, en la que se consultaría establecer una asamblea que redacte una nueva Constitución que permita la reelección presidencial o amplíe el periodo de gobierno.
Esta iniciativa del presidente fue declarada "ilegal" por el Tribunal Supremo de Elecciones, el Congreso y la Fiscalía. A ella se oponen también los militares, a cuya cúpula destituyó el miércoles el presidente, y la Iglesia Católica, entre otros.
Zelaya dijo a los militares que le deben "obediencia", y por el momento se reservó aclarar cuál será el futuro del general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto al que dejó cesante por no acatar sus órdenes de repartir el material para la consulta, amparándose en la decisión judicial que la declaró ilegal.
"Yo no he sustituido al general. No me he propuesto nombrar a nadie", afirmó el mandatario, aunque después matizó que lo hará "cuando lo considere oportuno".
El Congreso Nacional -con respaldo de las cuatro bancadas- decidió establecer el jueves una comisión especial para investigar al presidente, a quien los diputados le atribuyen 18 delitos, incluidos sedición y traición a la patria si lleva a cabo la encuesta.
Varias fuentes confirmaron que en esa sesión extraordinaria se barajó la posibilidad de inhabilitar a Zelaya y que el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, asumiera la presidencia.
"Hemos hecho los esfuerzos para no romper el orden constitucional y evitar un golpe de Estado", reconoció después Micheletti. "Las dos bancadas de los partidos Liberal (oficialista) y Nacional (opositor) estaban decididas a declarar inhabilitado al presidente, pero recibieron llamadas no sé de quién y desistieron. Pero ese era el plan", afirmó la diputada del izquierdista partido Unificación Democrática (UD), Doris Gutiérrez, a la AFP.
El jueves, tras conocer la decisión del resto de los poderes del Estado, Zelaya -en abierto desafío- forzó junto a centenares de seguidores los portones de la base aérea donde se encontraba depositado el material electoral, que había llegado de Venezuela.
La comunidad internacional, con la OEA a la cabeza, hizo un llamado a respetar el Estado de derecho en Honduras y a conformar una misión a ese país que busque un "diálogo nacional amplio".
Por su parte, el portavoz del Departamento norteamericano de Estado, Philip Crowley, dijo que Washington está preocupado ante la crisis política hondureña y urge a todas las partes a buscar una salida consensuada. "Estamos preocupados por la ruptura del diálogo político entre las fuerzas políticas en Honduras sobre la consulta de reforma constitucional", declaró en rueda de prensa el portavoz.
Zelaya ha recibido asimismo el respaldo de los miembros del ALBA (una alianza política de varios países), con el presidente venezolano Hugo Chávez y del líder cubano Fidel Castro a la cabeza, y también de diversos grupos de izquierda latinoamericanos.
