Waldemar Taroco, presidente de Crysol, dijo a 180 que el proyecto presentado por la organización en julio de 2007, toma en cuenta las diferentes formas en las que se puede reparar a un persona: restitución, prevención, rehabilitación, e indemnización. Además, se incluían las garantías para que estos hechos no volvieran a repetirse, requeridas para estos casos por las Naciones Unidas en la resolución 60/147.
“El articulado no tiene nada que ver con lo que nosotros mandamos hace dos años, está lleno de errores. La reparación integral que proponemos es mucho más amplia, y sólo uno de los cinco puntos es indemnización, pero no todo es dinero”, señaló Taroco.
“Todos los daños que se cometieron tienen que intentar ser reparados. Uruguay es el país que está más atrasado en este tema, dentro de América Latina. Otros países de alguna manera han avanzado. Tendría que haber días que recordaran esas cosas para que nunca más volvieran a pasar, y poner nombres de víctimas a en calles, plazas y lugares emblemáticos”, indicó Guillermo Reimann, ex presidente de Crysol.
Entre los faltantes del nuevo proyecto, según la organización, se encuentra la salud; la indemnización a presos que fueron liberados antes de febrero de 1973, y a personas que fueron violadas o perdieron embarazos en los cuarteles; y la posibilidad de que todos los que sufrieron algún tipo de violación de sus derechos durante esa época sean compensados, trabajen o no actualmente y más allá del sueldo o jubilación que perciban.
A su vez, la situación actual para los niños que estuvieron o nacieron en cautiverio -que son unos 80- prevé que reciban algún tipo de compensación solamente si permanecieron encerrados más de 180 días (seis meses). “De esos 80, casi la mitad queda afuera. No se puede poner tope a la cantidad de días que estuvieron en prisión”, indicó Taroco.
Sin embargo, el proyecto presentado por el Ejecutivo incluye un pago de 15.000 dólares por única vez, a los niños que estuvieron desaparecidos y luego fueron encontrados (como Mariana Zaffaroni o Macarena Gelman), y también a los familiares de primera línea de hombres y mujeres desaparecidos o asesinados durante la dictadura cívico-militar, que recibirían un pago único máximo de 50.000 dólares.
Según el presidente de la organización, en el proyecto no se cumple con el objetivo de profundizar la democracia, aunque sí se reconoce el Estado de Derecho y que el Estado es responsable, a pesar de que no haya pedido disculpas públicamente.
La Comisión de Constitución y Legislación recibirá a Crysol el 7 de julio. “Tenemos la esperanza de poder modificar algún punto”, explicó Taroco. Además de los mencionados anteriormente, a la organización le gustaría incluir la adquisición de algún “centro emblemático del periodo de la dictadura”, como el Centro de Altos Estudios Militares (Calem), situado en Bulevar Artigas y Palmar, “en donde nació Macarena Gelman”, para recordar que ahí se torturó y se mató.
La ley 18.033, que fue promulgada en 2006 y se puso en práctica en 2007, “es una ley pensionaria”, señaló Taroco. Hasta el momento, de las 9.000 personas se han presentado para ampararse en ella, 6.000 han sido estudiadas para ver si les corresponde.
De esas, 4.700 recibieron respuesta positiva (porque pudieron demostrar con testimonios o documentos que fueron víctimas de la dictadura) pero sólo 2.400 cobran una pensión de alrededor de 16.000 pesos -que sólo le corresponde a ex presos políticos que ganen menos de 24.000 pesos -aproximadamente. En caso de tener jubilación, deben optar entre una y otra porque no son acumulables.
Desde que está vigente la ley, el Banco de Previsión Social ha pagado por ese concepto unos 42 millones de dólares. Sin embargo, “la pensión especial reparatoria te imposibilita a tener acceso a otra jubilación o pensión”, explicó a 180 Armando Cuervo, director del BPS. Entonces, el banco ahorra dinero “por otros lados, porque hay jubilaciones y pensiones que no se pagan”. Por ejemplo, si una persona con una jubilación de 10.000 pesos opta por cobrar la reparación de 16.000, pierde esos 10.000, por lo que el banco debe desembolsar solamente 6.000 pesos.
Los demás, que están contemplados pero que no son ex presos políticos, reciben otro tipo de compensación. Por ejemplo, a algunos se les computan años para la jubilación, “para los que se toma como si hubieran aportado por 21.000 pesos -que es un ficto- pero sólo durante el tiempo que estuvieron en el exilio”, dijo Cuervo.
“Esto no es suficiente, porque muchos no pudieron reinsertarse laboralmente”, indicó Taroco.
Crysol es uno de los cinco miembros (junto con el PIT-CNT, los ministerios de Trabajo y Economía, y el Banco de Previsión Social) de la comisión que se encarga de decidir si le corresponde o no compensación.
Esta organización no gubernamental fue fundada en el año 2000, y “surgió como un movimiento de gente que había estado presa”, comentó a 180 Reimann. Según dijo, Crysol es un ámbito de encuentro para personas que tienen un pasado común, que vivieron experiencias fuertes.
