La consulta popular para definir si se baja la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos graves, que se realizará en octubre junto a las elecciones nacionales, "es un retroceso en sí mismo", señaló Ortiz al presentar su informe sobre la situación de los derechos de los niños en el país.
La comisionada enfatizó que "se es niño hasta los 18 años" y que "juzgar a niños como adultos es un contrasentido y un retroceso en los derechos humanos".
"Todas las políticas de mano dura, de mano super dura, solamente han servido para profundizar la violencia. Estamos buscando que la violencia se extinga de la sociedad, para eso es preciso apostar sobre todo a la prevención", añadió.
La reforma plebiscitada apunta a bajar a 16 años la edad de imputabilidad en casos de homicidios, lesiones graves, rapiñas, extorsión, secuestro y violación, entre otros delitos. Además, aspira a mantener los antecedentes de los menores que hayan delinquido cuando éstos cumplan 18 años.
Ortiz visitó esta semana Uruguay, donde se reunió con diversas autoridades, incluido el presidente José Mujica, y también visitó centros para adolescentes infractores.
Si bien destacó los "importantes avances" en la creación de nuevas instituciones vinculadas a los derechos humanos y del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), criticó duramente uno de los hogares para adolescentes, el centro SER, por ser "exclusivamente punitivo".
Ese centro fue intervenido por las autoridades tras ser objeto de nuevas denuncias de malos tratos y golpizas contra los internos.
Ortiz celebró que el gobierno planee clausurarlo y aseguró que "más que un centro de reeducación es un campo de concentración".
