La consultora PWC publicó 15 llamados para cargos operativos en la empresa Servicios Logísticos Ferroviarios. Hay ofertas para conductor de tren, electromecánica y mecánicos, entre otros. El gobierno ya les comunicó a los trabajadores de AFE que no los dejará pasar a esta empresa como funcionarios públicos y el fin de semana se “rompieron” las negociaciones.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también utilizará un decreto, aprobado en abril de este año, que les permite a los trabajadores pasar a la operadora y les reserva su puesto como funcionarios públicos. Esta empresa fue creada por decreto en 2011 para encabezar la reforma del ferrocarril pero hasta ahora no funcionó.
El presidente de UFU, Carlos Aramendi, dijo que ese decreto no les sirve a los trabajadores. “El gobierno dice que nos reserva el cargo y salimos con licencia sin goce de sueldo. Una vez que estamos en la empresa podemos ser devueltos a AFE por cualquier situación, por ejemplo, si la empresa no lo necesita más. Pero cuando volvemos, en AFE esta función no existe más. Por lo tanto, nos deja excedentes. La experiencia que tenemos desde el 87 es de distintos compañeros que han sido declarados excedentes, es que muchos de ellos siguen siendo excedentes sin ser redistribuidos y muchos se terminaron suicidando. Eso no es solución. Nosotros somos funcionarios, queremos trabajar en AFE y no terminar barriendo una plaza, que no es rebajarse pero somos técnicos ferroviarios”, sostuvo.
Actualmente, AFE tiene 800 funcionarios, pero vinculados a los cargos que necesita la operadora son cerca de 300. Los trabajadores ya decidieron en dos asambleas que no van a ir al derecho privado y eso hizo que la operadora de carga no pueda funcionar hasta ahora. “Hubo varios llamados y no se presentó nadie. El gobierno está equivocado, si quiere desarrollar el modo ferroviario lo debe hacer a través de la empresa. Con esto, lo único que se quiere es cambiar el derecho jurídico de los trabajadores y más nada. Es decirnos a nosotros que cambiar el derecho de los trabajadores es la solución, después de 30 años de no hacer inversión en AFE y de gestiones pésimas, tanto de los partidos tradicionales y del Frente Amplio. Nos culpan de algo que no tenemos nada que ver”, señaló el presidente de la UFU.
Aramendi dijo que les llegaron a plantear que la operadora era necesaria porque a nivel privado son más rápidas las compras, pero que ellos demostraron que no era así. “AFE, al estar en libre competencia, puede usar el artículo 33 del TOCAF, el mismo que usa Antel y UTE para compras rápidas. Después da cuenta al TOCAF. El año pasado se compraron cinco coches motores en Australia en menos de tres meses, después demoraron seis en venir porque vienen en barco. Pero eso le pasa a los privados también. El gobierno terminó diciéndonos que este era un tema político-ideológico de llevar parte de una empresa pública al derecho privado. Esa fue la respuesta que nos dio el gobierno del Frente Amplio”, expresó.
Aramendi contó que las conversaciones con el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, empezaron antes de las elecciones presidenciales. El sindicato envió cartas a todos los partidos y el único que le respondió fue el Frente Amplio. “Desde ese momento trabajamos en un modelo institucionalmente y legalmente posible, con abogados del Instituto Cuesta Duarte, también con constitucionalistas como José Korzeniak. Elaboramos un borrador para modificar el artículo quinto y el octavo del decreto que creó la operadora. Trabajamos en eso con el ministro y después con el directorio de AFE. Propusimos que AFE participara de la operadora con el patrimonio material y humano que fuera necesario, siendo funcionarios públicos, y que los nuevos ingresos se hagan por el derecho privado. Ambos se regularían por una negociación colectiva, pero por un tema biológico, en 10 años la empresa quedaba toda en el derecho privado y se hacía la transferencia de conocimiento y de conducción en materia operativa”, explicó Aramendi.
El presidente de la UFU dijo que el ministro Rossi les informó que en la operadora no iba a trabajar ningún funcionario público y que se iba a hacer un llamado”. “Desconoció lo negociado hasta el momento. La verdad que el diálogo que llevamos fue desleal, veníamos conversando en una propuesta y terminan diciéndonos esto”, sostuvo.
