La denuncia contra Figueredo en el Crimen Organizado se hizo en 2013. Fueron ocho clubes y la Mutual de Futbolistas Profesionales, pero solo estos últimos ratificaron la denuncia. “Si el ministerio público de un hecho con apariencia delictiva y perseguible de oficio, obviamente, es el ministerio público el que dirá si hay pruebas, si se sigue o no. La no ratificación de la denuncia poco aporta al desarrollo del proceso, que además puede ser objeto de la investigación, porque si no ratifico algo puedo estar constreñido por alguna cosa”, dijo a 180 el fiscal Juan Gómez, que tiene el caso a su cargo.
El caso todavía no avanzó porque está en el Tribunal de Apelaciones. La defensa de Figueredo presentó un recurso sosteniendo que la justicia uruguaya no es competente para investigar la denuncia porque la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene un acuerdo con la República del Paraguay para que los actos vinculados al organismo sean juzgados en ese país.
La fiscalía uruguaya dijo lo contrario. “Acá no se trata de actos cumplidos por funcionarios de la Conmebol en su legítimo ejercicio. Son acciones con apariencia delictiva y no es la organización. Son personas que están atribuidas y habrían cometido las conductas denunciadas”, explicó.
El Tribunal de Apelaciones todavía en plazo para dictar una resolución. Gómez contó que, incluso, un juzgado paraguayo reclamó su competencia en el caso porque estaba en conocimiento del tema por la prensa. “Le dijimos que la justicia uruguaya se considera absolutamente competente para investigar estos hechos”, afirmó.
En caso de que el Tribunal de Apelaciones permita continuar con el caso en Uruguay, Gómez sostuvo que para su investigación usará la cooperación internacional y que no solo estará limitada a los hechos denunciados. “Si somos competentes, veremos lo que nos aportan en el futuro las eventuales cooperaciones de otros, no solo del Departamento de Estado, sino también de otros países”, señaló.
La denuncia
El 24 de diciembre de 2013, Peñarol, Miramar, Cerro Largo, El Tanque, Rentistas, Juventud, Cerro, Racing y la Mutual de futbolistas denunciaron en el Crimen Organizado a Eugenio Figueredo, presidente de la Conmebol, y al fallecido Julio Humberto Grondona, vicepresidente de FIFA en este momento.
Dos meses antes, el empresario Francisco Casal había citado a delegados y presidentes de los clubes en la sede de la DIFA, Dirigentes de Fútbol Asociados, para explicarles que la Conmebol les daba poco dinero. La presentación la hizo uno de sus abogados, Jorge Pereira Schurmann, quien en su informe habló de la diferencia entre lo que recibió la Conmebol por televisación y lo que repartió por el mismo concepto. Además insistió en el dinero que la Confederación había perdido por no aceptar la oferta de Global Sports. Al finalizar la reunión, se le entregó a cada dirigente dos biblioratos con información sobre el tema.
En los primeros días de diciembre, Casal se reunió con Damiani y le solicitó que hiciera la denuncia penal ante las desprolijidades financieras de la Conmebol y la poca información que esta les daba a los clubes respecto del dinero de la televisión.
En la denuncia se habla de delitos como estafa y lavado de activos, dijo una fuente judicial a 180.
Los ocho clubes no ratificaron la denuncia, pero sí lo hizo la Mutual. Figueredo concurrió al juzgado del Crimen Organizado en octubre de 2014. Fue citado por la jueza Adriana de los Santos y presentó a su abogado. No hizo declaraciones sobre el caso ni por qué era investigado.
