La elección de directores sociales del BPS se aprobó por ley en 2001. La última fue en 2011 y solo en los pasivos hubo puja electoral. Sixto Amaro de ONAJPU fue quien ganó. En el caso de los trabajadores y empresarios se presentó un solo candidato, pero igual hubo elección con votó obligatorio.
El costo de esa elección fue de 65 millones de pesos (3.250.000 dólares). La Corte Electoral dispuso de 3.806 circuitos en todo el país, algo más de la mitad de lo que se utiliza para las elecciones nacionales. Los habilitados para votar fueron 1.339.289 votantes y por diferentes razones no votaron unas 300.000 personas. Luego el Parlamento aprobó una exoneración de sanciones a quienes no votaron.
Esta situación se modifica con el proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo. En el texto se plantea que solo habrá elección si hay más de un candidato.
En 2011 también se dio otra incoherencia. Las empresas votan a través de un delegado, pero en esa elección un 70% de las empresas pluripersonales registradas en el BPS no designó mandatario, por lo tanto, no podía votar y no tenían sanción. Sin embargo, el 30% que sí designó delegado, en caso de que éste no concurriera a votar, sería multado.
En el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se establece que serán sancionadas las empresas que nombren delegado y no concurran a votar, tal como funciona hoy, pero también serán sancionadas aquellas que no nombren representante. Las multas que se proponen pueden ir de seis a 20 Unidades Reajustables (UR), según el número de dependientes que tenga la empresa. En el régimen de sanciones que funciona actualmente, las multas pueden ir hasta las 100 UR.
Además, en el proyecto de ley se flexibiliza los criterios para la presentación de listas, se incluye a los pensionistas por invalidez como afiliados pasivos y se elimina la exigencia de permanecer en el padrón, de forma “ininterrumpida”, durante los 12 meses anteriores al cierre del padrón electoral para poder votar. Por esta razón fue que el presidente José Mujica no estaba habilitado para votar en 2011.
La fecha de la elección se modificará. Será en setiembre del segundo año siguiente a las elecciones nacionales. En caso de que este proyecto no se vote, el último domingo de marzo de 2016 habrá elecciones bajo el régimen actual.
