Una vez que el impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) fue declarado inconstitucional en el gobierno de José Mujica, se sustituyó por el Impuesto al Patrimonio de las Explotaciones Rurales.
Este preveía que por tres ejercicios el 50% fuera para el mantenimiento de la caminería rural, pero al cuarto ya pasaba a rentras generales.
Ya sin esa financiación, a pedido de los intendentes, el Poder Ejecutivo propuso la quita de la rebaja del 18% en la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural que había decidido el gobierno de Jorge Batlle. Esa modificación está incluida en el artículo 628 de la ley de presupuesto enviada al Parlamento.
El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, conversó con No toquen nada sobre el tema luego de la reunión del Congreso de Intendentes en Florida y de una reunión con la Asociación Rural, gremial que se opone a esta medida. Botana defendió la eliminación de ese 18% como forma de financiar el trabajo de caminería rural.
“No hay nadie que entienda mejor que la gente que está en el campo, la necesidad que existe en el camino rural, que se necesita para sacar la producción, pero que se necesita cada día para que el trabajador rural vaya y venga en la moto todos los días a la casa, que el muchacho pueda ir todos los días a la escuela, los caminos son imprescindibles y por ahí es que hay que empezar”, expresó Botana.
El intendente explicó que en eso todos están de acuerdo, pero que el problema está en cómo financiarlo.
“Compartimos que lo mejor de todo sería lo que fue nuestro planteo original, que el impuesto al patrimonio venga de vuelta al fin para el que fue creado, que es para hacer la caminería. Se nos dio un año el patrimonio entero y después se lo empezó a compartir, la verdad es que necesitaríamos el patrimonio entero”, indicó Botana.
Botana dijo que hubo “falta de comunicación” y que “lo mejor hubiera sido la continuidad de aquella estructura general”.
Según una estimación de la Fundación Ruta 7, se necesitan 2.600 millones de pesos por año para hacer la caminería rural de todo el país. Botana dijo que con la quita de la contribución inmobiliaria, del artículo nº 628, llegarían a 1.300 millones.
“La mitad, pero el triple de lo que hoy tenemos. Con lo cual creemos que podemos hacer un mejor trabajo, si bien no el perfecto”, añadió.
A modo de ejemplo, el intendente explicó que en Cerro Largo tienen relevado 6.600 kilómetros de caminería y esta transferencia da para hacer “bien hecho” 150 kilómetros.
“Si la eliminación de lo que es el descuento, o sea una suba a la contribución rural, es la única manera, damos la cara por esa manera, porque lo acordamos con el gobierno”, dijo Botana e indicó que fue votado por unanimidad entre los intendentes.
En números, Botana dijo que siginificaría alrededor de medio dólar o un poco más por hectárea, y que daría más de 10 millones de dólares.
Sin embargo, el líder blanco, Luis Lacalle Pou, dijo que no comparten asumir nuevos impuestos o elevarlos “porque todos los sectores y en el agro quizás en forma más acuciaría no resisten más cargar tributarias”, por lo que no votarían esta opción.
