“La mala fe resulta tan grosera que el propio Oscar Dourado, el día antes de la solicitud, declaró públicamente (...) que conoce a la empresa Uber y su tecnología”, dice el recurso que presentó la empresa Uber ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para pedir que se revoque la resolución que adjudicó la marca y el logo de Uber a la patronal de taxímetros.
No toquen nada informó el viernes que la aplicación Uber no puede usar su marca en Uruguay porque la registró la patronal del taxi.
El recurso que presentó la empresa estadounidense denuncia un “burdo caso de registro de marca” y denuncia a la patronal por competencia desleal.
Tras la asamblea de taxistas del sábado la abogada afirmó que “se hizo un procedimiento de registro de marcas siguiendo la normativa vigente que es 17.011 y su decreto reglamentario, haciendo un procedimiento legal que tiene una apertura, conocimiento de terceros, con un plazo por oposición, donde la Dirección Nacional de Propiedad Industrial controla una serie de requisitos, que acá se cumplieron todos, de todas las marcas, y por eso tenemos registradas 16”.
Sobre este tema Dourado dijo que “para que el madruga está el que no se acostó a dormir”. “Los taximetristas, como la educación es obligatoria en Uruguay, no somos imberbes ni analfabetos. Nos vamos a defender con la Justicia uruguaya respaldándonos, con educación, con respeto y con firmeza”, agregó.
Uber emitió un comunicado el viernes pero fue solo una formalidad ya que en mayo presentó el recurso ante la DNPI.
El argumento de Uber es que Dourado sabía de la existencia y funcionamiento de la empresa. A modo de ejemplo cita una nota del 30 de mayo del diario El Observador en la que Dourado declaró: "Ya mando a patentar siete nuevos nombres de aplicaciones con la finalidad de salvaguardar los puestos de trabajo de 453 telefonistas en todo el país".
En esa “se hace referencia expresa a la marca Uber, su presencia en diferentes países y su diferencia con los servicios de taxi”, dice el documento.
“Además, el burdo caso se ve ‘agravado por el claro e ilegitimo interés de restringir el acceso de mi representada a la prestación de servicios en el mercado uruguayo, lo que indudablemente constituye un claro acto de competencia desleal”, agrega.
Para la patronal todo lo que hicieron está dentro de la ley. Según explicó la abogada, “hay cosas que no se pueden registrar (y) nosotros registramos lo que la ley permite”.
