“Se piensa que el señor Figueredo llega con acuerdos, con la varita mágica que lo ubica en su casa festejando la Noche Buena. No es así”, dijo Gómez a 180.
La llegada de Figueredo al país estaba prevista para las nueve de la mañana, pero el vuelo se retrasó y aterrizará sobre las 11.30. Motos policiales lo escoltarán para que llegue rápidamente al Juzgado donde se espera que declare sobre las 13 horas.
El 18 de diciembre, la justicia suiza autorizó la extradición del expresidente de la Conmebol y la AUF a Uruguay, y declinó el pedido de prioridad de EE.UU.
El traslado de Figueredo estuvo a cargo del Ministerio del Interior.
Esta es la declaración más esperada por parte de quienes llevaron adelante la investigación en Uruguay. El expresidente de la AUF será interrogado por la jueza, el fiscal, los abogados de las partes y su propia defensa.
Figueredo le ofreció al Poder Judicial uruguayo brindar información sobre los ilícitos que cometió a cambio de un acuerdo de colaboración.
Si colabora -algo que deberá resolver la justicia- se firmará un acuerdo entre el imputado y la fiscalía.
El fiscal Gómez dijo que Figueredo no viene a pasar Navidad en Punta del Este.
Si la colaboración fuera efectiva, esto es que permitiera aclarar o descubrir la participación de otras personas en esas actividades delictivas o recuperar otros bienes, otros activos, para la sociedad uruguaya, podríamos llegar a un acuerdo de colaboración. Aclaro porque también se ha tergiversado la famosa posibilidad dando por entendido un supuesto acuerdo que permitiría que Figueredo prácticamente pasara, saludara en el Juzgado, y se fuera a su casa en Punta del Este. Eso no puede ser más lejano a la realidad”, señaló Gómez.
Acordar por esa colaboración que Figueredo ofrece puede demorar meses. El plazo legal es dentro de los 180 días luego de que es procesado.
En ese caso se firmaría un acuerdo que puede lograr una reducción de la pena hasta la mitad o cumplir su pena en prisión domiciliaria. Esta regulado en el artículo seis de la ley 18.494.
La información que se espera de Figueredo es sobre propiedades y personas vinculadas con sus ilícitos, incluso más allá de la Presidencia en la Conmebol.
“Si surgen otros elementos que uno no puede descartar previamente en un interrogatorio que será extenso, naturalmente podrán ser investigados tanto por el Juzgado como por la Fiscalía. Si surgen elementos que impliquen la participación de otras empresas o personas en hecho con apariencia delictiva naturalmente el deber de la Fiscalía es impulsar las investigaciones”, explicó el fiscal.
El testimonio de Figueredo está dentro del expediente iniciado por una denuncia que presentaron “Peñarol y otros clubes”, tal el título de la causa.
La investigación se inició por la venta de derechos de transmisión televisiva de la Conmebol, en una denuncia que fue impulsada por el empresario Francisco Casal, que declaró en la justicia y se comprometió además a brindar información. Ni siquiera los clubes que denunciaron pudieron brindar más datos que los que fueron proporcionados por Casal.
El 24 de diciembre de 2013, Peñarol, Miramar, Cerro Largo, El Tanque, Rentistas, Juventud, Cerro, Racing y la Mutual de futbolistas denunciaron en el Crimen Organizado a Eugenio Figueredo, presidente de la Conmebol, y al fallecido Julio Humberto Grondona, vicepresidente de FIFA en este momento.
Dos meses antes, el empresario Francisco Casal había citado a delegados y presidentes de los clubes en la sede de la DIFA, Dirigentes de Fútbol Asociados, para explicarles que la Conmebol les daba poco dinero. La presentación la hizo uno de sus abogados, Jorge Pereira Schurmann, quien en su informe habló de la diferencia entre lo que recibió la Conmebol por televisación y lo que repartió por el mismo concepto. Además insistió en el dinero que la Confederación había perdido por no aceptar la oferta de Global Sports. Al finalizar la reunión, se le entregó a cada dirigente dos biblioratos con información sobre el tema.
En los primeros días de diciembre, Casal se reunió con Damiani y le solicitó que hiciera la denuncia penal ante las desprolijidades financieras de la Conmebol y la poca información que esta les daba a los clubes respecto del dinero de la televisión.
Los ocho clubes no ratificaron la denuncia, pero sí lo hizo la Mutual. Figueredo concurrió al juzgado del Crimen Organizado en octubre de 2014 y la investigación igual transcurrió. Incluso, el fiscal podía actuar de oficio.
La defensa de Figueredo presentó un recurso sosteniendo que la justicia uruguaya no era competente para investigar la denuncia porque la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene un acuerdo con la República del Paraguay para que los actos vinculados al organismo sean juzgados en ese país.
La fiscalía uruguaya dijo lo contrario y apeló.
En el medio de esto, un juzgado paraguayo reclamó su competencia en el caso porque estaba en conocimiento del tema por la prensa.
Cuando todavía no había resolución, el 27 de mayo, Figueredo es detenido en Suiza junto a otros dirigentes de la Conmebol en el marco de una investigación realizada por el Departamento de Estado de los EE.UU.
El 8 de junio, el TA le dio la razón a Gómez y le permitió seguir adelante con la investigación.
El 12 de junio, Figueredo y su esposa sufren un embargo genérico a pedido del juzgado del Crimen Organizado. El embargo es de nueve propiedades por un valor de 5 millones de dólares. Eso, mínimo, es lo que se espera conseguir.
El Poder Judicial uruguayo quiere recuperar los bienes que Figueredo adquirió producto del lavado de activos y según Gómez eso es lo principal que se consiguió a partir de haber logrado la extradición de Figueredo.
Gómez dijo que tienen una gran responsabilidad.
“Hay una gran responsabilidad con nuestros colegas de Suiza que confiaron en el sistema uruguayo. Una gran responsabilidad frente a nuestra sociedad de hacer las cosas con absoluta transparencia y una responsabilidad también con el Departamento de Estado que perseguía el mismo propósito de tener al señor Figueredo de inmediato allá”, afirmó el fiscal.
Gómez definió la extradición de Figueredo como “perlada”. “Se establece claramente en la resolución que una vez que Figueredo cumpla con su responsabilidad, con la eventual pena que le vaya a recaer en el Uruguay, inmediatamente debe ser extraditado a Estados Unidos de Norteamérica”, explicó.
En tal sentido, Gómez relativizó las opiniones de quienes dicen que en Uruguay se será más benevolente con Figueredo.
“¿Dónde está el famoso tema de la justicia americana es más dura? Es un sistema diferente, yo no soy quien para opinar sobre las bondades de un sistema que se aplica desde hace mucho tiempo en un país democrático, independiente en sus resoluciones. Digo que es diferente, a tal punto lo es que las personas que fueron extraditadas a Estados Unidos por este mismo tema, pagaron una fianza y están en sus domicilios, cosa que no avizoro que pueda ocurrir en el sistema actual procesal uruguayo. Las cosas dichas completas y que la gente saque sus conclusiones”, afirmó.
En Uruguay, la investigación contó con el apoyo del Poder Ejecutivo a través de algunas dependencias especializadas en el lavado de activos. Participaron técnicos del ITF, la Secretaría Antilavados y la UIAF, a pedido de la jueza Adriana de los Santos. Se estudia la compra de inmuebles, las cuentas y los movimientos bancarios.
La de hoy será la segunda declaración de Figueredo, pero a diferencia de aquel 2013, llegará asumiendo que cometió ilícitos y con la intención de negociar. El final ya estaría escrito.
“Los interrogatorios pretenderán abarcar todos los temas, no podemos saber de antemano lo que nos va a contestar el señor Figueredo. Sí sabemos de nuestro propósito de que en la medida de lo posible el mismo 24 la Fiscalía se pronunciará requiriendo el enjuiciamiento y prisión del señor Figueredo imputado de los delitos por los cuales se pidió la extradición: estafa y lavado de activos”, afirmó.
