“Yo quisiera que en algún momento cualquiera, quien quiera ponga el canal que se llama Globovisión y lo escuche solamente un hora y después pueda afirmar que en Venezuela no existe libertad de expresión. Que vea los programas que pasan allí para que confirme cómo se incita al odio, cómo se incita al magnicidio, cómo se incita al golpe de estado, a la discriminación racial, cómo se incita contra el pueblo venezolano que es la mayoría. Sin embargo, el pueblo ha actuado democráticamente porque lo que sí no han podido es lograr revertir la popularidad del presidente. Después de 10 años, las encuestas que acaban de publicar ellos mismos indican que el presidente tiene una popularidad en este momento del 65%”, dijo González.
Para el embajador, su punto de vista en relación a los medios de comunicación es el del discurso oficial del gobierno.
En las últimas semanas, Venezuela volvió a vivir cierres de medios de comunicación después de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones realizara una revisión de la consistencia legal de la propiedad de varios medios.
En un momento se manejó la posibilidad de que se retirara el permiso a 240 radios, pero en una primera instancia fueron 34 radios y dos canales de televisión los que se quedaron sin concesión.
González dijo que se visitó a los medios a los que se les vencía el contrato y que en muchos casos se encontró que las personas que aparecían como titulares de la concesión “ya no existen, se murieron o ya no siguieron operando en ese negocio”. Por esa razón, indicó, se les retiraron las ondas.
“Quiero recordar que las frecuencias son propiedad de cualquier Estado del mundo y resulta que ellos asumían que eso era por herencia. Resulta que nosotros no estamos en presencia de la propiedad de una casa o un apartamento, que cuando se muere el papá le queda como herencia al hijo. No, aquí no estamos hablando de propiedad privada porque no existe propiedad privada en eso. La propiedad privada está en los aparatos, en los equipos que tienen las emisoras. Esos equipos y aparatos siguen con esa gente, eso no se les ha quitado”, señaló.
Una de las cadenas de radio sacadas del aire fue la CNB, el Circuito Nacional Belfort, una de las radios de mayor audiencia en el país y con claro posicionamiento opositor al gobierno.
Para el embajador González, esta radio puede argumentar que sufre una persecución política, pero no podrá negar que estaba actuando en forma ilegal.
“Hay a quienes sí se les renovó la concesión y que no tienen nada que ver con el gobierno nuestro, incluso son oposición al gobierno nuestro. A esos habría que preguntarle por qué a ellos sí se les renovó la concesión por cinco años y por qué a los ilegales no se les renovó. Nosotros como gobierno serio, como cualquier gobierno serio del mundo, no podemos estar renovándoles concesiones a los ilegales. Yo incluso le hago una recomendación, que podrán entrevistar a Belfort y preguntarle ¿usted actuaba legal o ilegalmente?, para que él le responda la pregunta. Yo estoy absolutamente seguro que nunca podrá decirles que estaba actuando legalmente, entonces esbozará, argumentará que lo que está detrás de esa decisión son rezones políticas. Ellos podrán decir eso, pero lo real, lo concreto, la verdad es que son unos ilegales”, apuntó.
Para el embajador venezolano en Uruguay, esta jugada de su gobierno es a favor y no en contra de la libertad de expresión.
“De las 794 emisoras FM que existen en Venezuela, 474 son privadas. De esas privadas, la inmensa mayoría cumplió con los requisitos. Ahora es cuando habrá libertad de expresión porque ahora, en vez de estar 20 emisoras en manos de un grupo económico -que además de grupo económico en la radio tiene vínculos con la banca y otros sectores-, habrá 20 radios en manos de 20 personas venezolanas que tienen todo el derecho de expresar su pensamiento a través de la frecuencia que le otorgue el Estado venezolano”, continuó el diplomático.
El gobierno de Venezuela, que amenaza con cerrar otras 200, emitió la orden de cierre al mismo tiempo que la fiscal general de la República, Luisa Ortega, presentó un proyecto ante el parlamento para que sancione una "ley especial contra delitos mediáticos".
El proyecto califica como delitos las "acciones u omisiones (…) que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".
Por otro lado, el embajador de ese país en Uruguay dijo que en Venezuela la polarización de la población está reflejada en los medios de comunicación. Para González no es fácil encontrar medios que no sean opositores o pro gobierno y, según su punto de vista, en términos de televisión y diarios, la situación favorece claramente a los enemigos de Hugo Chávez.
“La inmensa mayoría, el 80% de los canales son privados. No es Globovisión nada más, es Televen, es Venevisión, es el Grupo i, y cualquier cantidad de canales en Venezuela que todos son privados. Y en los medios impresos, casi el 100% está en manos privadas y todos son contra el gobierno. Uno sólo, un sólo periódico que se llama “Vea” es el que está a favor del gobierno y es privado también. Yo no sé si esa realidad existe en otro país del mundo pero en Venezuela existe. Y esos son los que difunden para el mundo mentiras diciendo que en Venezuela no existe la libertad de expresión”, indicó el embajador.
