A través de Uruguay Social unas 70.000 familias de extrema pobreza reciben todos los meses una prestación monetaria, a través de una tarjeta, con la que pueden comprar productos básicos en varios comercios.
El dinero varía según la situación de cada hogar, pero está entre los 800 pesos cuando se trata de una persona sola o con un niño, y los 5.000 pesos cuando viven más de cuatro menores.
La directora de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, Mayra Aldama, dijo que un poco más de la mitad de las tarjetas existentes tienen adjudicado un monto simple y las familias que están en peor situación reciben una tarjeta de monto doble.
Las tarjetas se dan hasta que la situación de la persona se transforme, lo cual se verifica a través de visitas periódicas que hace la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Aldama manifestó que hay personas que devuelven voluntariamente la tarjeta porque su realidad económica cambió y que también se realizan muchas visitas para ajustar el procedimiento y constatar cambios o nuevas necesidades de la población que recibe la ayuda monetaria.
Este año, el programa también se utilizó en forma puntual para asistir a familias afectadas por las inundaciones al norte del país en el mes de diciembre.
La dirección de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, también lleva adelante el programa de Asistencia a la Vejez, a través del cual adultos mayores, entre 65 y 70 años, que están en situación de indigencia también reciben un apoyo económico.
“En determinadas condiciones, la situación de vulnerabilidad física y social llega antes de los 70 años y por ese motivo se hace una transferencia monetaria que actualmente se ubica en 8.000 pesos”, detalló Aldama.
Esa transferencia monetaria la cobran 2.700 personas en todo el país a través del Banco de Previsión Social (BPS).
Por último, como plan piloto implementado en 2015, se desarrolló la Canasta de Servicios o Energética, un programa que atiende a las familias que tienen una solución habitacional pero no pueden mantener en forma regular el pago de los servicios.
“La canasta alivia la carga de las familias en cuanto al pago de las tarifas energéticas porque se les concede una tarifa diferencial con UTE, se cambia la matriz de gasto energético para hacerla más eficiente, y también se realiza una transferencia para que puedan comprar gas”, añadió Aldama.
El año pasado se llegó a 1.100 familias y el objetivo para este año es atender a 1.500 familias bajo esta modalidad.
