La justicia concursal adjudicó Fripur a la empresa canadiense-estadounidense Cooke-Wanchese por 15 millones de dólares. La propuesta tiene tres fases. La inmediata es poner en condiciones de navegación los buques que están muy deteriorados e incorporar 100 trabajadores del sector pesquero. La segunda fase es llegar a unos 250 trabajadores y posteriormente 330.
Pero el sindicato de trabajadores, que propuso hacerse cargo de Fripur con una empresa autogestionada, no confía en este plan. “Van a evaluar a cada persona, ya sea marinero o lo que fuera, para ver si les sirve el trabajo. Ellos pueden traer empleados chinos o coreanos que son más baratos, lamentablemente es así, y los dejan trabajando en el mar, tierra no van a pisar. Son empresas gigantes que van a traer barcos nuevos, van a tirar sus redes, y en un mes te dejan sin un pescado en la costa. No vamos a pescar ni una mojarrita en el Río Santa Lucía”, sostuvo Richard Cabrera, delegado de Fripur en el sindicato de la pesca.
Al momento del cierre, Fripur tenía una plantilla de 960 trabajadores. En esta primera etapa del grupo canadiense se requerirán 90 pescadores y 10 administrativos.
Cabrera dijo que con esta decisión hay una gran mayoría de trabajadores que tendrá dificultades para conseguir empleo.
“La persona que van a dejar en tierra es la que le va a hacer los negocios, o sea los administrativos. La gente de pueblo, la que no tiene estudio, la que aprendió a trabajar con el pescado no tiene trabajo. Estamos hablando de mujeres que tienen entre 45 y 50 años. Yo, por ejemplo, si salgo a buscar trabajo mi currículum dice primaria y ya cuando vas a una empresa y decís eso ni te lo leen. Esto mismo le pasa a muchos compañeros y por eso vivimos una angustia tremenda”, dijo Cabrera.
Los trabajadores querían una cesión de los derechos de la empresa en su favor para empezar a trabajar y a partir de ahí solicitar un préstamo al Banco República u otra entidad. Incluso, se analizó recurrir al Fondo de Desarrollo (Fondes) que ahora funciona en el Instituto Nacional del Cooperativismo, pero se descartó.
Cabrera dijo que pensaban pagar el préstamo en 10 años y que iban a contratar a los 960 trabajadores e incluso más.
Esto porque la empresa iba a dejar de vender solo merluza como hasta ahora y se agregaría hasta pesca artesanal.
“Hubo mucha gente que apoyó este proyecto, Extensión Universitaria, gente que sabía del tema. Los marineros sabían lo que era la pesca, todos aportaron su parte y después hubo gente que sabía del tema innovación, por ejemplo, las encimas de los peces, todas esas cosas. Acá se aprovechaba un 60% de lo que se pescaba, tenías un kilo de pescado y se aprovechaban 600 gramos. En nuestro proyecto se aprovechaba el 90%. Estaba calculado que entraran 250 trabajadores y que a los tres o cuatro meses se podría ampliar a 300 o 400. La idea era que entraran los 960 y contratar más gente, porque esa empresa trabajó con 3.000 personas ahí adentro”, explicó Cabrera.
Hoy los trabajadores tienen un seguro de desempleo por el que cobran un 80% del sueldo hasta octubre de este año, pero hay preocupación sobre el futuro.
La decisión de la jueza puede ser apelada en un plazo de tres días. Habrá una asamblea del sindicato y reuniones a nivel político con los abogados del PIT-CNT para definir pasos a seguir.
Los trabajadores consideran que esta decisión solo se tomó en base al dinero y no al proyecto. “Vino un tasador y lo tasó en 30 millones de dólares y los síndicos terminaron regalándola por 15. Lo que se dio acá fue por plata, la jueza quería plata y se sacaron un problema de arriba. Los síndicos también querían la plata y los apuntalaron a ellos porque se querían lavar las manos y no tener que pagar los sueldos de los guardias que tienen ahí adentro, no hacerse cargo de la luz, el agua y nada de eso”, expresó Cabrera.
