El fallo en primera instancia de la jueza Josefina Tomassino establecía el pago completo de lo reclamado y estimaba el monto total en 1.276 millones de pesos, lo que a cotización de hoy se acerca a los 40 millones de dólares.
Según un comunicado emitido ayer por la Asociación de Funcionarios Judiciales, a diferencia del fallo en primera instancia, el Tribunal de Apelaciones no condena al Ministerio de Economía, por lo que éste no tiene derecho a apelar. Sin embargo, si lo obliga a hacerse cargo del pago, porque establece los mismos mecanismos de liquidación que se aplicaron para el pago por la diferencia salarial entre enero y abril de 2011.
Este caso es una derivación del conflicto salarial entre la Suprema Corte de Justicia por un lado y el Poder Legislativo y Ejecutivo por el otro. Se origina en el aumento de salario de los ministros en la ley de presupuesto de 2010 y en la interpretación que hizo de esa ley la Suprema Corte de Justicia donde los ministros definieron aprobar un aumento de sus propios sueldos sin que estuvieran presupuestados por los otros poderes.
En virtud de los enganches salariales que rigen hacia adentro del Poder Judicial los funcionarios reclaman el aumento que les corresponde y que no les fue otorgado por la SCJ después del aumento que se autoasignaron los ministros.
Según un pedido de acceso a la información pública que realizó No toquen nada el año pasado los ministros de la SCJ ganaban más que los ministros de Estado en 2011, el año en que se decidió aumentar salarios para equipararlos con los nuevos salarios de los ministros y se desató el conflicto con el Poder Ejecutivo. Según los datos oficiales del Poder Judicial, para ejecutar el aumento los ministros de la SCJ excluyeron dos partidas (la de Vivienda y la de Perfeccionamiento Académico) que cobraban para calcular su sueldo y de esa forma quedaron por debajo del salario aumentado (equiparado con el de los senadores) de los ministros del Poder Ejecutivo.
