La Ley N° 19.333, que estableció el cobro del Impuesto de Primaria para los inmuebles rurales, contempla en su artículo 7° el pasaje de ese tributo de la órbita del Codicen a la Dirección General Impositiva (DGI).
El artículo 7° modifica el artículo 643° de la Ley N° 15.809, agregando que “a partir del 1° de enero de 2018, la Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la recaudación, administración y fiscalización del impuesto anual de enseñanza primaria” y luego añade que “el Poder Ejecutivo establecerá las condiciones en que regirá lo dispuesto en el inciso precedente”.
Sin embargo, al día de hoy, los empleados del Impuesto de Primaria no tienen la certeza de qué pasará con ellos, si serán transferidos a la DGI, en qué condiciones, ni cuál será salario.
El reclamo de los empleados es por la posibilidad de que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “clarifique de modo preciso cuál sería su situación en caso de ser redistribuidos”, según dijo a 180 Mónica Ramírez, directiva de la Unión de Funcionarios del Codicen (UFC).
Según explicó Ramírez, “no está claro” que la DGI pueda mantener una partida fija especial que perciben los empleados del Impuesto, algunos desde hace 20 años, por lo que los trabajadores entienden que es “un derecho adquirido y que ya forma parte del salario”. La partida se debe a que están en un régimen de trabajo especial y a la especificidad de la tarea y la reciben de marzo a diciembre, el período de cobro del impuesto. En algunos casos, representa entre el 20 y 25% del salario de los trabajadores y en otros alcanza el 50%.
“Pretendemos que nos aseguren que nuestro salario no va a bajar, no es que vaya a aumentar, y que esa contraprestación la incluyan en el sueldo como a las demás compensaciones que cobramos. Al no haber habido concurso, todo nuestro sueldo está basado en compensaciones y esta sería una más”, dijo a 180 Graciela Cafferatta, trabajadora del área contable del Impuesto de Primaria y delegada del grupo de base.
Traslado sin soluciones claras
El pasaje a la DGI “no es la tal panacea” para muchos empleados, según Cafferatta. En una reunión con el director del organismo, Joaquín Serra, este les explicó que en caso de concretarse el traspaso deberían trabajar en un régimen de exclusividad y con ocho horas diarias fijas, una más que la que hacen ahora, donde tienen tres diferentes horarios. Esto no sería conveniente para varios de los 62 empleados que tiene el Impuesto de Primaria que, además, entrarían a la DGI en el último grado del escalafón que les corresponde, para no pasarle “por encima” a los empleados actuales del organismo.
Los trabajadores del impuesto plantean también que el traslado a la DGI sea optativo y que aquellos que quieran permanecer en la ANEP puedan hacerlo siendo redistribuidos sin pérdida de salario. “El trabajador es el único que no tiene ninguna responsabilidad en esto porque no obedece a ninguna sanción o mal funcionamiento”, dijo Cafferatta.
Otra situación que se debe atender es que los empleados del Impuesto en el interior del país, salvo en dos departamentos, tienen como lugar de trabajo a la Inspección Departamental de Primaria, por lo que cobran su sueldo por Primaria y la contraprestación especial por el Codicen. Este “híbrido” se da también en algunos funcionarios de Montevideo, aunque la mayoría son trabajadores del Codicen.
“Es todo una cadena nefasta que se podría arreglar con una decisión política y, justamente, lo que no hemos encontrado hasta ahora es voluntad política de parte del Codicen, aunque sí de los parlamentarios”, agregó la trabajadora del Impuesto a Primaria.
Medidas sindicales y cómo afectan al público
El conflicto se viene desarrollando desde noviembre de 2015 cuando “en vista de que no habìa posibilidades de nada y no había respuesta de las autoridades”, los empleados del Impuesto se declararon en conflicto y en asamblea permanente. Luego, se decidió comenzar con otras medidas como no realizar ninguna gestión que involucrara padrones rurales.
Desde marzo, tampoco se gestionan constancias de ningún tipo, ya sean urbanas, suburbanas o rurales. A su vez, desde abril se incrementaron las medidas: no se realizan movimientos de fondo, ni trámites por gestores colectivos, no se recepcionan altas de ningún tipo, ni reembolsos o convenios.
Cafferatta explicó que “para no perjudicar al contribuyente, sí se recibe el formulario que debe llenar cuando solicita el convenio y se le entrega una copia con la fecha y el sello de la recepción”. De esta forma, se lleva la constancia de su voluntad en la fecha que le corresponde para no perjudicarlo con multas o recargos.
También continúan gestionando los padrones que están en juicio.
Este año, no se cargaron en la base de datos los padrones rurales. Los que tienen explotación los cobra directamente la DGI y los que no la tienen los trabajan allí.
“Si hoy un contribuyente de un padrón rural sin explotación viene a la oficina del impuesto o va a un agente externo y averigua con su número de padrón cuánto tiene que pagar, le aparecerá cero pesos. Eso no quiere decir que no tenga nada que pagar, sino que ese padrón no se cargó en la base de datos. Al día de hoy no se sabe la cantidad de padrones rurales que tributan o no”, señaló Cafferatta.
Tampoco se están tramitando las constancias de pago al día que se piden cuando se va a realizar algunos trámites como una compra-venta, un traspaso, etc.
Respuesta de las autoridades
La directiva del UFC, Mónica Ramírez, dijo que los trabajadores solicitan a los legisladores “intervenir o hacerle un agregado a la ley en el que se establezca claramente el destino de los trabajadores y que sea posible que opten el pasaje de ellos junto con la contribución del impuesto”.
Además, dijo que entienden que la ANEP, como organismo empleador, debe hacerse cargo y expresar cómo sería la redistribución.
Según dijo Ramírez, el Codicen “dice que no es responsabilidad de la ANEP porque el pasaje del impuesto a manos de la DGI es un proyecto de ley y proviene del Parlamento”.
“Entendemos que si bien no hay una responsabilidad directa de la ANEP ni una voluntad de perjudicar a nadie porque ni siquiera fue una iniciativa del propio Codicen, ellos tienen a cargo a un grupo de 60 trabajadores a los cuales tienen que darle una respuesta como funcionarios, desde el punto de vista salarial y de su estabilidad”, añadió.
Expresó, también, que han tenido buenos intercambios con los legisladores, que les han dado sugerencias de los distintos lugares donde pueden recurrir para difundir el tema y seguir ampliando el reclamo. Indicó, a su vez, que están solicitando una entrevista con la Oficina del Servicio Civil.
El próximo jueves comparecerán ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Hasta el momento, los trabajadores no han tenido novedades sobre la posibilidad de retomar las negociaciones bipartitas con el Codicen ni con la Dirección Nacional de Trabajo.
