Este proyecto es distinto al elaborado por el prosecretario de presidencia, Juan Andrés Roballo, y presentado por el Poder Ejecutivo que está más focalizado en servicios de transporte intermediados por plataformas digitales.
El proyecto aprobado esta semana en comisión fue presentado por el diputado frenteamplista José Carlos Mahía, que resaltó esta mañana en No toquen nada la amplitud de su alcance.
“Es un buen instrumento para abordar estos fenómenos muy complejos donde la legislación comparada no existe prácticamente. Está hecho en esos términos para evitar caer en los detalles, en la casuística y que se establezca un marco regulador que le dé líneas generales al funcionamiento, que fije el rol del Estado, que estimule la economía digital, que promueva empleos de calidad y que tenga como cuidado que no se utilice las plataformas informáticas para eludir responsabilidades fiscales sino para que sea una mejora en la calidad de los servicios”, explicó el legislador.
Después de su aprobación en la Comisión el proyecto pasará al pleno de Diputados. Mahía dijo que espera que para el año que viene esté ya en la órbita de la Cámara de Senadores.
Una de las diferencias entre el proyecto de Mahía y el de Roballo está en el plano de las sanciones y el peso de las instituciones en la definición de las mismas.
En su diálogo con No toquen nada Mahía destacó que en su proyecto se le da más preponderancia a las actuaciones de la justicia ante los incumplimientos de las plataformas informáticas.
“No focalizamos en Uber y los líos de Uber aunque lo incluimos. Puede haber y lo hay de hecho, un universo de empresas que son cada vez más, que van hacia la innovación y la economía digital. Apuestan al trabajo. Creo que el proyecto es garantista y al mismo tiempo establece un rumbo. Si estás de vivo y te pasás de largo de las cuestiones que tienen todas las empresas, hay un mecanismo para que modo de ejemplo no taxativo para que el juez tenga esas medidas como indicadoras en función de la gravedad de las faltas”, explicó.
