El texto que ahora tiene la aprobación de Diputados y pasó al Senado, se titula “Transparencia fiscal y prevención de lavado de activos” y establece “normas sobre transparencia fiscal, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en convergencia con los estándares internacionales”.
A partir de la aprobación de la ley las entidades financieras deberán informar a la DGI el saldo o valor de la o las cuenta al cierre del año civil así como su promedio anual. Además, toda ganancia o rendimiento generado por el saldo o valor en la o las cuentas.
Desde el gobierno se argumenta que el proyecto va en camino de alinear la legislación del país en esta materia con las exigencias que están imponiendo las principales economías del mundo a través de la OCDE para controlar la evasión fiscal, la doble tributación y el lavado de activos generados en actividades ilícitas.
En el Partido Nacional algunos se opusieron con vehemencia. El diputado Gustavo Penádes dijo que se va más allá de lo que pide es la OCDE.
“A controlar se ha dicho y ha tratar de qué manera podemos recaudar se ha dicho. No es lo de la OCDE, es peor que la OCDE para con los nacionales. Es realmente de Ripley”, ironizó Penadés. “El objetivo del gobierno, en una respetable visión filosófica que no compartimos es controlar, es el Gran Hermano, es la visión permanente sobre el ciudadano no importa en qué área ni en qué situación”, agregó.
Desde el Partido Colorado, el diputado Ope Pasquet señaló que “donde quiera que haya indicios de delito por supuesto que se tomen todas las medidas. El asunto es que acá no lo hay y se suministra información de oficio y para todos los casos. Eso no tiene nada que ver con la lucha contra el delito. ¿O acaso de todos los que tienen cuenta en el banco son sospechosos de hacer trata de personas o narcotráfico? ¿Todo el que tiene un peso guardado es un posible delincuente y por eso la DGI tiene que saber todo? Eso es absurdo, absolutamente absurdo”, dijo el legislador colorado.
Las respuestas llegaron desde el Frente Amplio y el Partido Independiente.
El diputado independiente Ivan Posada dijo que si no cumplimos con lineamientos internacionales se pueden venir sanciones y restricción de importaciones. “Es preferible la restricción del derecho a la intimidad al eventual incumplimiento a la convención. En términos de ponderación, la restricción del derecho a la intimidad supone una afectación al bienestar de algunos para poder acceder al bienestar general”, señaló.
Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, dijo que esta es una forma de control para los que no pagan los tributos.
“Es fácil una offshore, es fácil armar una sociedad en un paraíso fiscal, comprar una propiedad y luego vender las acciones para no tener que pagar el Impuesto al Patrimonio. Y no hablamos de una casa en el Cordón. Se está tratando de controlar y regular la evasión impositiva que realizan los más ricos”, afirmó.
