Según los autores, la ambigüedad en el liderazgo educativo y la falta de rendición de cuentas por los resultados educativos evitan cualquier reforma fundamental en el sistema educativo uruguayo.
El trabajo explora cómo se pueden regular y gestionar mejor los recursos educativos. Según el coordinador, Paulo Santiago, uno de los principales desafíos de la educación en Uruguay tiene que ver con la estructura institucional que produce una ambigüedad de roles entre el Consejo Directivo Central (CODICEN) y sus consejos desconcentrados: Primaria, Secundaria y UTU.
“Una primera observación del grupo es que tiene una estructura de gobierno fragmentada y una distribución ambigua de responsabilidades. Existe una gestión esencialmente asegurada por los consejos de educación que está separada de un sistema al otro, la inicial, la primaria, la secundaria y la técnica profesional. La coordinación es limitada”, dijo Santiago.
Si bien el CODICEN coordina el trabajo de los cuatro consejos desconcentrados y es superior jerárquicamente, estos se consideran autónomos para tomar sus decisiones. En la práctica, cada consejo de educación funciona con bastante autonomía frente al CODICEN y los demás consejos; y el CODICEN mantiene un enfoque colegiado para coordinar con ellos, sostiene el informe.
Esto plantea una serie de desafíos asociados: líneas de responsabilidad no claras, falta de liderazgo respecto a la política educativa en su conjunto y, a veces, competencia entre los órganos por los recursos, agrega.
En segundo lugar, afirma que la estructura de gobernanza está altamente fragmentada ya que, en la práctica, cada consejo educativo hace funcionar su subsistema de una forma bastante independiente. En consecuencia, la educación no se rige como un sistema, sino como una serie de subsistemas bastante aislados.
Según este estudio, en un sistema de gobernanza de este tipo, es difícil implementar un cambio holístico de “todo el sistema”.
Centralizado y poca autonomía de los centros
En contrapartida, se señala que existe una gobernanza “excesivamente centralizada” que “permite muy poca autonomía tanto a nivel de los centros educativos como de los departamentos”.
“Otra de las principales características de la gobernanza de la educación en Uruguay es la administración conjunta institucionalizada con los docentes, lo que plantea preocupaciones ya que, inevitablemente, actúan intereses creados”, afirma.
“Esta práctica permite que los intereses corporativos incidan en el desarrollo de la política educativa. El riesgo que se corre es que algunas políticas educativas puedan verse sesgadas para favorecer los intereses de los docentes. En consecuencia, el sistema educativo corre el riesgo de estar más centrado en ellos que en los alumnos”, agrega.
Aumentar el profesionalismo de los docentes
El informe sostiene que “a pesar de los recientes esfuerzos del gobierno uruguayo por mejorar el estatus de la docencia a través del aumento de los salarios docentes, existe una serie de factores que limita su profesionalismo. El sistema educativo uruguayo carece de un marco nacional de competencias docentes. La formación inicial de los educadores se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos tasas de culminación muy bajas. La concepción de la labor docente en Uruguay, a través de la cual una compensación básica se asocia fundamentalmente con la carga de horas de docencia directa, es también una fuente de preocupación, ya que no reconoce otras actividades que no sean la de enseñar. La contratación y la distribución de educadores son muy ineficientes y la compensación de los docentes carece de una estructura. Si bien se llevan a cabo evaluaciones docentes, es limitada su capacidad de aportarles comentarios útiles para su desarrollo”.
