El proyecto aprobado este jueves decreta que “se habilita la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratado a través de plataformas electrónicas”.
Se exige a los titulares de los vehículos un permiso otorgado por la Intendencia de Montevideo y el pago de un canon de 0,45 Unidades Indexadas por kilómetro recorrido dentro de los límites del departamento de Montevideo.
“El canon se liquidará en forma mensual y se abonará en la forma y plazos que determine la reglamentación. Lo recaudado se volcará en su totalidad a un Fondo de Movilidad que se crea en el presente decreto”, añade el texto. Este Fondo se crea a partir de este decreto y la Intendencia deberá reglamentar su funcionamiento.
También, se indica que la Intendencia podrá limitar la cantidad máxima de vehículos afectados a la prestación de este servicio y que la comuna llevará un registro de permisarios, vehículos prestadores del servicio y plataformas electrónicas previstas en la normativa.
A su vez, se le impide a las plataformas electrónicas permitir el pago en efectivo, pudiendo ser solo por medios electrónicos y se les exige que se informe la tarifa a los pasajeros al comenzar el viaje.
Los conductores no podrán conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, ni tampoco fumar, consumir alimentos o bebidas alcohólicas durante el viaje, así como tampoco los pasajeros.
Los vehículos deberán tener una antigüedad máxima de 6 años desde su primer empadronamiento, y 10 años si son eléctricos.
En caso de incumplimiento de parte de la plataforma electrónica, las sanciones pueden llegar hasta la suspensión temporal de la misma por hasta 2 años o la inhabilitación definitiva.
Reacción de las empresas
El gerente general de Uber Uruguay, Iván French, dijo a través de un comunicado que la regulación “abre el camino hacia incorporar el transporte colaborativo y la innovación tecnológica en Montevideo”.
La empresa reafirmó su “compromiso de trabajar con la Intendencia para garantizar que la reglamentación del decreto ofrezca a los montevideanos viajes seguros y confiables, a los socio-conductores la oportunidad de desarrollar un emprendimiento que les permita mejorar su calidad de vida, y a la ciudad la posibilidad de reducir el número de autos particulares circulando en las calles”.
Por su parte, la empresa Cabify emitió un comunicado en el que indica su “satisfacción” por la aprobación de la normativa “cuya gestación ha respaldad siempre y que le permitirá trabajar en condiciones de legalidad con conductores particulares”.
Además, celebraron la muestra de “madurez y ejecutividad” de la Intendencia y las fuerzas políticas que participaron de la votación porque “en poco tiempo reaccionaron ante una nueva realidad y actuaron para que los montevideanos puedan recibir un mejor servicio de transporte con garantías y reglas del juego claras”.
“Beneplácito” del FA con espíritu de la reglamentación
La bancada de ediles del Frente Amplio emitió un comunicado en el que indicó “su enérgico rechazo a la forma en la que han irrumpido ciertas plataformas que intermedian entre usuarios y prestadores de servicios, violentando seguridades jurídicas, leyes laborales y condiciones de seguridad”.
Declararon que son partidarios de una “apuesta permanente al transporte regulado” y mostraron “convicción” de haber aprobado una regulación que posiciona “en el centro” de sus preocupaciones a los usuarios y trabajadores del transporte.
Además, manifestaron “su beneplácito con el espíritu de esta nueva reglamentación que persigue el objetivo de generar las condiciones necesarias para colocar en pie de igualdad a prestadores de servicios semejantes”.
