En su fallo de 750 páginas, el juez argentino Sebastián Casanello dictó 27 procesamientos por la causa de lavado de dinero contra Lázaro Báez. En algunos casos son ampliaciones de personas ya procesadas y en otros nuevos procesamientos, pero solamente no encontró méritos para tomar una decisión en el caso de Damiani.
El juez dice sobre Damiani que resulta determinante profundizar la pesquisa de la Unidad de Información Financiera (UIF) para demostrar la existencia o no de una vinculación entre las transferencias de dinero atribuidas a Damiani, que fueron reconocidas por él, y las acciones de lavado por las que fue procesado Lázaro Báez.
Además, recuerda que esta vinculación entre Damiani y Báez fue denunciada por la UIF, pero hasta el momento no se ha podido probar. La UIF es el organismo que en Argentina trabaja para investigar y detectar el delito de lavado.
El juez sostiene que para determinar la responsabilidad de Damiani en la causa es “crucial” culminar los análisis de la documentación enviados por la justicia suiza y, además, reclamar los resultados de las asistencias jurídicas cursadas a Panamá y Liechtenstein.
Casanello agrega en su resolución que esas respuestas son “relevantes para echar luz sobre la presunta intervención de Damiani en los hechos” y le pide a la Cancillería argentina que envíe un exhorto a ambos países para recibir una pronta respuesta.
La causa contra Damiani
Según la justicia argentina, Damiani hizo negocios con la firma Helvetic Services Group que Báez utilizó para blanquear el dinero obtenido de forma ilícita a través de licitaciones públicas y para eso el presidente de Peñarol usó una empresa constituida en Panamá.
Concretamente, se lo acusa de “haber participado en la formación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero, a finales del año 2010 y durante los años 2011, 2012 y 2013, con el fin de canalizar y disimular fondos de origen ilícito de propiedad de Lázaro Antonio Báez”.
Hay tres transferencias de dinero que fueron identificadas y destacadas por la UIF. Una del 16 de noviembre de 2010, por 1.687.872 dólares, otra del 24 de febrero de 2011, por 1.391.219 dólares y otra del 5 de enero de 2013, por 223.000 dólares.
El dinero se canalizó en el proyecto inmobiliario Lagos, ubicado en Carrasco Este, que fue promovido por el Estudio Damiani y que fue un “éxito”, según declaró Damiani ante la justicia argentina.
A mediados de 2016, Damiani se presentó ante la justicia argentina y afirmó, a través de un escrito, que no conocía ni tenía vinculación “de ninguna naturaleza (ni he mantenido reuniones, ni contactos telefónicos, ni de especie alguna) con ninguno de los procesados en el marco de esta investigación, y en especial con ninguna de las personas mencionadas como pertenecientes al Grupo Báez”.
“Sí he tenido una relación estrictamente profesional con Néstor Marcelo Ramos, hasta que tomé conocimiento -por los medios- de que éste y la sociedad que presidía y controlaba en forma exclusiva, Helvetic Services Group S.A., se vieron vinculados en los hechos que se investigan en esta causa. A partir de allí, corté mi vínculo profesional con ambas personas. Advierto, de la lectura de las piezas de la causa, que el denominador común de mi pretendida participación es un proveedor de servicios: Helvetic Services Group S.A., sociedad de la que, entre otras, se habrían valido los miembros del Grupo Báez para cometer algunos de los hechos que se les atribuye en este expediente”, agregó.
La causa de Lázaro Báez
Casanello procesó a 27 personas por integrar “una banda dedicada al blanqueo de capitales”, delito que en Argentina prevé penas desde los cuatro años y medio, hasta los 13 años y cuatro meses de prisión. Estos procesamientos son el paso previo al inicio del juicio oral y público.
El procesamiento de Báez incluyó también a sus cuatro hijos, Martín, Leandro, Sabrina y Melina, por ser los beneficiarios finales de un “entramado societario offshore” que controlaba cuentas bancarias en la Confederación Suiza a través de las cuales se habrían canalizado unos 60.000.000 de dólares entre finales de 2010 y principios del año 2013.
En el fallo se destaca que se analizaron más de dos docenas de hechos de lavado de dinero, que fueron denunciados en el marco de esta causa por distintos actores.