La estafa de Alur que vio el fiscal en la causa de Ancap

El pedido de procesamiento por estafa de Manuel González, ex gerente de Alcoholes del Uruguay (Alur), es el penalmente más grave que solicitó el fiscal Luis Pacheco y está relacionado con la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú.

Actualizado: 20 de marzo de 2018 | Por: Emiliano Zecca

La estafa de Alur que vio el fiscal en la causa de Ancap

Presidencia (s.d). Inauguración planta de Alur en Paysandú (Todos los derechos reservados)

Dentro de la denuncia de Ancap, la Fiscalía recibió denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso licitatorio y de sobrefacturación de la obra de la planta de bioetanol de Alur en Paysandú, pero no reunió elementos para determinar responsabilidad penal.

Sin embargo, aclara el fiscal, se investigaron otros aspectos del contrato de Alur con la empresa Teyma-Abengoa como, por ejemplo, la recepción provisional de la obra y la firma de Addendas o Contratos modificatorios al Contrato original celebrado entre ambas partes.

En este caso, la Fiscalía solicitó su incorporación a la causa y tras la indagatoria encontró conductas presuntamente irregulares que terminaron con este pedido de procesamiento por estafa.

La estafa que vio el fiscal

La estafa está relacionada con la recepción provisional de la planta de bioetanol de Alur en Paysandú.

Dice el fiscal Pacheco que la recepción provisoria de la obra fue precedida de un ensayo previsto en el Contrato de Diseño original y en ese ensayo se constató –y fue aceptado por la constructora– que uno de los valores garantizados, concretamente la tasa de conversión de kgs de etanol/kgs de almidón, no fue alcanzado por la contratista (el valor garantizado era de 0,519, y en el ensayo se obtuvo un 0,495).

La consecuencia de esto debió ser que Alur aplique dos cláusulas del contrato original que establecían que “en caso de que se compruebe que la planta no alcanza alguna de las prestaciones garantizadas por causas imputables al contratista, el contratista deberá ejecutar a su costo las correcciones y/o sustituciones que sean necesarias”. Además, “en caso de que el contratista incumpla las prestaciones garantizadas sujetas a penalización…”, dice el fiscal, se le otorgaría un plazo de 12 semanas para realizar las modificaciones pertinentes para subsanar el incumplimiento.

Sin embargo, Alur aceptó la recepción provisoria de la obra y, según argumentó González en la indagatoria, el incumplimiento de ese parámetro se compensó con mejores valores alcanzados en las restantes variables.

El fiscal consideró que esa compensación era “inadmisible” porque no estaba prevista en el contrato original.

Además, esta decisión le significó a Teyma un premio de 1.000.000 de dólares y una pérdida de ganar 11.000.000 de dólares para Alur.

“La consecuencia –claramente perjudicial para Alur- fue que a partir de esa recepción provisoria de la planta, se generó y se abonó un premio de 1.000.000 de dólares para la empresa contratista, por la recepción anticipada de la planta, cuando de haberse seguido lo dispuesto en el contrato, la constructora debió subsanar el incumplimiento, debieron realizarse nuevos ensayos, y de esa forma no sólo no se habría hecho acreedor al premio, sino que hubiera debido pagar penalidades por atrasos en la recepción provisional. En total, sumando el no pago del premio, y las penalidades en que habría incurrido la constructora, la cifra a la que se hacía acreedora A.L.U.R. era superior a los 11.000.000 de dólares”, dice Pacheco.

La constructora recibió este premio pactado en función de que la planta se recibiera antes del 11 de febrero de 2015 y es cierto que la planta comenzó a funcionar antes de esa fecha, dice el fiscal, pero la recepción provisoria fue firmada el 27 de abril de 2015, es decir 70 días después de la fecha del 11 de febrero.

La inauguración oficial de la obra en Paysandú se hizo en octubre de 2014 y aunque las imágenes la muestran como una planta en plena obra, contó con el corte de cinta y la presencia del ex presidente José Mujica, el ex ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, el ex presidente de Ancap, José Coya, y el ex director de Alur, Leonardo De León.

“Esto no es propiedad de estos trabajadores, es propiedad de los trabajadores del Uruguay entero, de los que se fueron y los que vienen. Esta generación que está laburando hoy tiene la responsabilidad histórica de representar a todos los trabajadores del Uruguay. Un patrón no es una patrón cualquiera que multiplica la riqueza y que si le conviene la coloca en Miami. Su verdadero patrón son las necesidades del pueblo uruguayo”, dijo Mujica en el discurso inaugural aquel día.

Con respecto a esta planta, el fiscal dice que empezó a funcionar sin cumplir con las condiciones exigidas en el contrato y en lugar de cumplirse con lo dispuesto para subsanar el valor incumplido, Alur resolvió aceptar la recepción provisoria de la obra y pagar el premio de 1.000.000 de dólares, únicamente avalado por decisión de su gerente general González.

“Cabe atribuir responsabilidad penal al González por entenderse que su conducta es presuntamente dolosa, ya que a través de los engaños y artificios señalados indujo en error a Alur para procurar a un tercero –en este caso la contratista– un provecho injusto, al que no tenía derecho. No siendo aplicables los delitos contra la Administración, por no tratarse de funcionario público, la Fiscalía entiende que la conducta de González encuadra en principio en la figura de la estafa (art. 347 del Código Penal)”, concluye el fiscal.

Cuestionamientos desde la interna de Alur

El fiscal también cita informes técnicos y jurídicos aportados a la causa por la actual Dirección de la propia Alur.

Allí se dice que el ensayo previo de la planta a cargo de la constructora ha sido impugnado de nulidad porque presentó múltiples errores en su ejecución y es actualmente motivo de litigio entre las partes en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

La nueva dirección de Alur sostiene que muchos de los valores obtenidos en el ensayo “no son reales” y los resultados “contienen cifras alteradas por la empresa constructora en perjuicio directo de Alur. Sin embargo, el fiscal dice que sobre este punto no se va a expedir ya que se halla actualmente en el arbitraje y no es posible arribar a conclusiones contundentes.

Lo mismo dice con respecto a las dudas en la suscripción de seis addendas o “contratos modificatorios” celebrados entre Alur y Teyma-Abengoa, que son parte del arbitraje internacional en la Cámara de Comercio Internacional. Tres fueron realizados por De León y González, y los restantes solo por el gerente general González.

Aunque no se expidió sobre esto, el fiscal destaca que todas modificaciones fueron favorables a Teyma y perjudiciales a Alur, estableciendo “premios” y “bonificaciones” a favor de la empresa contratista, y que la actual dirección de Alur los califica como “escandalosos”, “increíbles”, “inconcebibles” y carentes de causa.