Lo hizo en una nueva sentencia que confirma la constitucionalidad del nuevo Código del Proceso Penal después de un recurso presentado por las defensoras de un hombre investigado por negociación con estupefacientes en San Carlos.
Allí la Corte se remitió a su fallo anterior, el primero contra este tipo de recursos, presentado por los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana en el caso del abogado que amenazó al Fiscal de Corte.
Además aclaró que en el futuro, ante este tipo de planteos, “podrá decidir, mediante resolución anticipada, las cuestiones de inconstitucionalidad que hubiesen sido sometidas a su consideración”.
Según la Suprema Corte, los jueces de primera instancia que suspendieron los procesos y no aplicaron prisión preventiva en casos donde correspondía no tenían necesidad de actuar de esa manera. En la sentencia los ministros consideraron “ante el planteo de una excepción de inconstitucionalidad, el Juez de la causa puede disponer medidas cautelares –la prisión preventiva, en el caso– antes de suspender el procedimiento”, añadiendo que “la suspensión de los procedimientos ordenada por la Constitución no priva al Juez de la causa de la posibilidad de adoptar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público para precaver la obstrucción y hasta la sustracción del imputado al proceso”.