"El proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el nuevo Código del Proceso Penal tiene como posibles consecuencias el caos institucional, la paralización del sistema penal y la injusticia. Además no hay razón práctica, estudio serio ni datos objetivos que justifiquen este triste retorno", decía el comunicado firmado por la Asociación de Magistrados del Uruguay, Asociación de Defensores Públicos, IELSUR, el Colectivo Pensamiento Penal y otros académicos destacados.
Reyes señaló que si se aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el nuevo CPP habrá "una fugaz y pasajera sensación de tranquilidad para el sistema político" pero sería una respuesta "ilusoria" porque "no va a cambiar nada".
"En todo caso lo que va a cambiar es que van a aumentar los presos. Vamos a tener un problema en corto o mediano plazo otra vez de emergencia carcelaria", señaló.
"Si hacemos preceptiva la prisión preventiva en tantos casos" puede colapsar el sistema penal, aseguró.
"Además vamos a tener otra cosa, que parece que ya no importa: tenemos necesidad de bajar los índices de presos sin condena, y vamos a mantener el mismo índice o vamos a superarlo. Eso fue uno de los motores de la reforma y acá se está abandonando prácticamente", dijo Reyes.
"No hay una resistencia palpable"
"En el contexto latinoamericano la reforma empezó hace 20 años. En todos los países donde hubo reforma hacia el acusatorio lo que sucedió fue que en algún momento, por el acostumbramiento a la cultura inquisitiva, se suscitó una especie de retroceso hacia medidas más restrictivas de la libertad, sobre todo durante la tramitación de un proceso penal", explicó Reyes.
"En el caso uruguayo ese retroceso, con este proyecto que es claramente una señal de eso, es récord en el sentido de momento. En todos los países pasó un poco más el tiempo, en Uruguay pasaron nada más que seis meses", agregó.
En todos los países este cambio se dio a la salida de la dictadura, salvo en Brasil "que tiene muchas particularidades", pero Uruguay "optó por reformar el proceso civil pero no tocó el proceso penal". "Sin embargo todos los académicos criticaban el proceso penal. La decisión de no modificarla entonces es digno de estudio", recordó.
En ese momento se decía que la demora se debía a que los jueces se resistían al cambio. "Era una afirmación un poco de boliche. Por más que pudiera ser cierto que los jueces no estaban demasiado contentos con el cambio en el proceso civil", señaló.
Actualmente algunos jueces, sobre todo algunos exjueces, entienden que el hecho de que la Fiscalía investigue "es una señal de desconfianza". "Como que los jueces son más confiables que los fiscales. Hay una cuestión de mucho prejuicio y estereotipo por un diseño a la francesa del juez instructor, que en realidad era un juez investigador, diferente al juez anglosajón, que es un decisor y el que investiga es el estado a través de fiscales", explicó.
Según Reyes ahora "no hay una resistencia palpable" al nuevo código. "Son los mismos jueces que de un día para el otro pasaron de investigar a no poder hacerlo", recordó.
