El 22 de diciembre se cumplen 23 años de la promulgación de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En este tiempo, el Estado ha reconocido que durante la dictadura desaparecieron 172 personas.
El próximo 25 de octubre, junto con las elecciones nacionales se definen dos plebiscitos, uno por la anulación de esta ley y otro para permitir el voto epistolar. Luego de que la ley 15.848 fuera ratificada en 1989 con el voto amarillo (que ganó sobre el voto verde), se abre otra instancia para que la sociedad decida si quiere mantenerla o anular los primeros cuatro artículos.
180 habló con legisladores oficialistas y de la oposición y con la Coordinadora por la anulación de la ley.
Diego Cánepa, abogado, diputado y candidato al Senado por la lista 5005, expresó que “es imprescindible que anulemos la ley de impunidad” para que “finalmente todos seamos iguales ante la ley”. Esta ley, “le quita la potestad de investigación a la Suprema Corte de Justicia, que es un poder independiente, y se la da al presidente de la República y al Poder Ejecutivo”.
Explicó que la derogación de una ley, que puede ser tácita o expresa, implica que todos los efectos que ha tenido hasta el momento “son válidos, deroga los efectos hacia el futuro, los que ya tuvo los mantiene”. Por eso, entre otras cosas, es que no se planteó derogarla en el Parlamento sino anularla con el voto popular.
“La anulación implica la no existencia de la ley. Esto sólo lo puede hacer la voluntad popular plasmada a través de lo que significa una reforma constitucional, que es la forma máxima de expresión de un pueblo porque es en la gente en quien radica la soberanía de la nación. A partir de la reforma, esa ley nunca existió, y por lo tanto todos los casos quedan igual a como estaban en diciembre del '86 cuando se votó la ley de Caducidad”, señaló.
En relación a que todo quede igual que en el '86, indicó que “jurídicamente es un enorme mamarracho lo que dijo (Luis Alberto) Lacalle de que si se anulara la ley, estarían libres los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry. Esto es absolutamente falso y muy equivocado desde el punto de vista jurídico y él lo debería saber. A ellos no se les aplicó la ley de Caducidad para que pudieran ser juzgados porque hasta ahora, para poder juzgar esos casos, debían ser dejados fuera de la ley de Caducidad. Quiero creer que lo de Lacalle es un error, que está mal asesorado”.
Para él, el mejor camino para lograr la reconciliación nacional y dejar atrás una etapa de la historia, “es que quede claramente definido qué sucedió, quiénes fueron los responsables y que ellos paguen por su culpa, y que los jueces puedan investigar”.
Además, recordó que “los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben”.
Luis Puig, integrante de la Coordinadora por la anulación de la ley de Caducidad, se mostró preocupado por la poca información que hay sobre el plebiscito en los medios. A su vez, señaló que “hay una campaña de desinformación con impunidad para mentir, como lo está haciendo Lacalle”.
Dice que para ellos figurar en los medios “es un esfuerzo muy grande, no hay un mango”.
Por otro lado, indicó que le parece una casualidad que los líderes de la dictadura “que durante 20 años hicieron apología del terrorismo de Estado, hoy están calladitos la boca tratando que esto pase desapercibido”.
Ahora que la Suprema Corte de Justicia consideró que la ley es inconstitucional en el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, Puig quiere saber cómo fundamentarán Lacalle, Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry, que sus votantes “mantengan una ley inconstitucional”.
Al igual que Cánepa, el sindicalista señala que la derogación “no sirve en absoluto. Derogarla implica que se mantienen todos los efectos de la ley. Y una ley que es inconstitucional, que fue aprobada bajo presión, que viola los convenios internacionales en materia de derechos humanos, y que impide la separación de poderes, debe ser declarada nula e inexistente”.
Con respecto a las encuestas sobre la adhesión a los plebiscitos, cree que después de las elecciones “algunos encuestadores van a tener que hacer un análisis a fondo de por qué se equivocaron tanto”.
El senador del Movimiento de Participación Popular Ernesto Agazzi va a poner las dos papeletas de los plebiscitos. Respecto a la Ley de Caducidad dijo que se sancionó en un cierto contexto que fue para poder entrar a un sistema democrático electoral, aunque recortado en sus inicios porque hubo candidatos proscritos y los militares querían tener las garantías de que no iba a ser juzgados. No hay motivos para que esa ley deba estar hoy en pie. El Frente Amplio no la derogó porque lo definió en su congreso, dijo.
Iván Posada, candidato a la vicepresidencia por el Partido Independiente, contó a 180 que él, al igual que Pablo Mieres, es partidario de derogarla pero no de anularla. “La Ley de Caducidad estableció la impunidad sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Pero cuando el soberano se pronuncia, lo que corresponde es acatar ese pronunciamiento”, señaló, en relación al referéndum del '89.
“Estaríamos dispuestos a derogarla hoy mismo, pero anularla significa que nunca existió, como si nada hubiera pasado, y en el fondo eso es desconocer la expresión soberana de un pueblo en un momento determinado, que podrá no gustar, que podrá ser considerada inconveniente desde el punto de vista de la justicia, pero que fue”.
Y reafirmó, “estoy convencido de que hay que derogarla. No tiene sentido que esa ley permanezca”.
El principal argumento de Javier García para mantener la ley, es que “hay que construir el Uruguay de los próximos 30 y 40 años, y no dedicarnos a entrar en los problemas de los últimos 30 o 40. Es un tema que está laudado no sólo por la vía legislativa sino por la soberanía popular en el plebiscito del año '89”.
En este mismo sentido argumentó el senador Francisco Gallinal, que piensa que anularla es inconducente, injusta e inoportuna.
“Inconducente porque no lleva a ningún destino, es un problema que se le va a crear al Poder Judicial en particular a la Suprema Corte de Justicia. Injusta porque es hija de su tiempo. Se aprobó simultáneamente con otra ley que también fue impulsada por Wilson (Ferreira Aldunate) que fue la Ley de Amnistía. Ahí es donde se marca el equilibrio entre una y otra porque ambas atendían a un mismo objetivo. Yo no soy partidario de anular ninguna de las dos y cabe aclarar que eso es promovido por muchos de los que se beneficiaron de la otra. Finalmente, es inoportuna porque es mirar permanentemente al pasado”.
Al igual que García, cree que con la legislación vigente se puede buscar un camino hacia la verdad e investigar dónde están los desaparecidos, porque no lo impide. “Yo le reconozco al actual gobierno que fue el que mejor la aplicó. Las leyes son injustas porque todas las leyes de amnistía son injustas. Pero a veces las sociedades tienen que tomar decisiones injustas para poder empezar a cerrar el pasado. Si alguien pretendiera aprobarla hoy, ninguno de nosotros levantaría la mano”, añadió.
Expresó que puede ser inconstitucional la ley de Caducidad, pero que es hija de su tiempo y además promovía la investigación. “Establecía plazos para llevar (los casos) adelante y la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de actuar”. Sin embargo, reconoce que “no fue implementada de la forma que debió haber sido implementada. Al amparo de la ley cometieron abusos porque se protegieron situaciones que no estaban comprendidas, como el secuestro de menores o los temas vinculados a móviles económicos. Por eso digo que este gobierno la aplicó correctamente”.
“A mí no me parece nada injusto que hoy el Goyo Álvarez o (Juan María) Bordaberry estén presos. Pero ya estamos en otro tiempo. El terrorismo y la subversión fueron beneficiadas por la Ley de Amnistía”, apuntó el senador.
