El Poder Ejecutivo aprobó un decreto que postergó la reapertura del periodo de movilidad regulada para febrero de 2020, algo que de llevarse a cabo completará casi tres años sin que los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud puedan cambiarse de prestador sin tener que justificar su decisión.
La decisión de suspender la movilidad de usuarios se justificó por la estafa que sufrió el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en 2017. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo que con el trabajo realizado hasta ahora por el ministerio se puede minimizar la intermediación lucrativa, pero no se va a terminar.
Basso afirmó que se necesitan nuevas leyes, que pretenden realizar con el asesoramiento del Poder Judicial y la Fiscalía, y eso todavía no está listo. “Se requiere actuar desde el punto de vista jurídico en promover una extensión, un marco legal punitivo, que extienda la responsabilidad a toda la cadena vinculada al tema. Somos conscientes que las causas vinculadas a esto en 2017 y por las que fueron sancionadas personas, algunas enviadas a la cárcel, siguen abiertas y eso hace que tengamos que tomar mayores precauciones”, sostuvo.
Por ahora, solo hay tres tipos de razones que permitirían el cambio durante todo el año: si el usuario quiere afiliarse a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), si tiene disconformidad con la atención recibida en su prestador o si cambió de domicilio.
En el caso de estas dos últimas, el usuario debe justificar su decisión ante el MSP y presentar una declaración jurada en la que afirma además que no recibió dinero para la solicitud.
