Los demandantes reclamaron una diferencia por horas extras que generaron a partir de 2003 cuando pasaron a trabajar seis horas y media en lugar de seis horas, por disposición del entonces director, Carlos Sánchez Vargas.
Según informa el diario El País, los trabajadores son dos abogadas encargadas de sección y 19 técnicos del Banco de Datos que percibirán cada uno 40.000 dólares más daños y perjuicios (15% extra).
Antes del litigio ante la Justicia laboral, los trabajadores intentaron llegar a un acuerdo con el actual director del IMPO, Álvaro Pérez, pero no se pusieron de acuerdo y decidieron presentar la demanda.
Pérez señaló al matutino que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia "es un ejemplo más de la ineficiencia" de la dirección de Impresiones Oficiales durante la gestión del anterior director, “que terminó siendo procesado con prisión por otras irregularidades”.
Para él, el pago a los demandantes tiene un tope de 400.000 dólares, aunque aclaró que todavía no culminó el proceso liquidatorio. A raíz de este juicio, todos los funcionarios volvieron al régimen de seis horas diarias.
El IMPO argumentó que a las abogadas no les corresponde cobrar por esa media hora extra porque, según un decreto de 1980, "el personal superior de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios" no tiene derecho a recibir remuneración por trabajar más horas de las previstas. Parecido es el caso de los otros 19 funcionarios, que según la dirección de Impresiones no deberían cobrar porque en sus contratos de trabajo “se estableció que prestarán tareas por hasta 44 horas semanales”.
