Estas recomendaciones están dentro de las 226 que recibió Uruguay de otros países miembros de la ONU en su tercera revisión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a fines de enero.
Algunas de las delegaciones hicieron planteos respecto a los derechos de la familia y la potestad de los padres sobre la educación de los niños. En estos casos Uruguay respondió en el momento.
EPU es una de las herramientas de la ONU para monitorear la situación de los derechos humanos en sus estados miembros. Empezó a funcionar en 2006 y tiene la particularidad de que todos los estados miembros aportan a la revisión de un estado: leen un conjunto de materiales y a partir de eso elaboran sus recomendaciones sobre derechos humanos hacia ese país.
El presidente de la delegación uruguaya que concurrió a la revisión fue Ariel Bergamino. Allí anticipó que aceptará todas las recomendaciones pero además adelantó su interpretación de algunas recibidas por ciertos estados.
Graciela Dede, asesora en derechos humanos de la Oficina de la coordinadora residente de ONU en Uruguay, habló de estas sesiones de revisión y destacó esta actitud de Bergamino, porque no es lo más común que los representantes de los países revisados respondan en el momento a las recomendaciones.
Bergamino respondió, por ejemplo, a esta recomendación de Egipto: "brindar protección y apoyo a la familia como unidad natural y fundamental para la preservación de la sociedad".
"Coincidimos plenamente en la importancia que tiene la familia, cualquiera sea su composición, en la búsqueda de alcanzar el bienestar para todos sus miembros. No obstante, es importante dejar claro que, conforme al derecho internacional, son los seres humanos, los miembros de las familias, los titulares de los derechos. La familia en su conjunto, como grupo, no es sujeto de derecho", explicó.
"Concebir a la familia desde una perspectiva multidimensional hace que los estados brinden apoyo a todas las familias, cualquiera sea su composición, incluso las familias formadas por personas del mismo sexo. Los obliga a formular políticas públicas de conformidad con los arreglos familiares que existan en cada país", señaló.
Bergamino también se refirió a la recomendación de Bangladesh sobre respetar el derecho de los padres a educar según sus convicciones morales y religiosas.
"La mencionada convención reconoce los derechos y responsabilidades de los padres o tutores, pero destaca que esto tiene por objeto permitir que los niños ejerzan sus derechos. De acuerdo al Comité de los Derechos del Niño, el artículo quinto de la convención confirma que la autoridad de los padres no es en ningún caso limitada, y el artículo 18 insiste en que los derechos y deberes de los padres se derivan de su responsabilidad por el bienestar del niño, lo que significa actuar en su interés superior. La convención se opone a aquellas situaciones en las que se otorgan a los padres derechos absolutos sobre los hijos", dijo.
Además Togo pidió prevenir expresamente el reclutamiento de niños menores de 18 años y su uso en conflictos por parte de fuerzas armadas o grupos armados no estatales.
"Cabe destacar que la última declaración de guerra de la República Oriental del Uruguay se produjo en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, sin llegar a participar de las hostilidades mediante el envío de efectivos", dijo Bergamino.
"Asimismo, dentro del territorio nacional del estado uruguayo no se han producido conflictos armados ni tampoco el estado ha participado en enfrentamientos a nivel internacional. Por otra parte, no existen en nuestro país grupos armados operando o refugiados. Además nuestras Fuerzas Armadas participan en misiones de mantenimiento de la paz en el ámbito de Naciones Unidas, a las cuales no se envían personal con menos de 18 años de edad", agregó.
Ahora hasta el 15 de febrero los Estados Miembros y Uruguay pueden hacer llegar correcciones al documento hasta que quede la versión final. Esa versión final se adopta durante el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en junio.
