Según el último reporte del sistema de pagos minoristas del Banco Central del Uruguay, la cantidad de operaciones realizadas con tarjeta de débito superaron por primera a vez a las realizadas con crédito durante el segundo semestre de 2018.
Hace cinco años, desde que se promulgó la ley de Inclusión Financiera, la cantidad de operaciones con tarjeta de débito local se multiplicó por 10. En ese periodo, en el que los sueldos pasaron a pagarse obligatoriamente por una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico, las operaciones anuales aumentaron de 13 millones en 2014 a más de 150 millones en 2018. En montos la variación fue de unos 12 millones de pesos en 2014 a 140 millones en 2018.
Consultado en No Toquen Nada sobre si a partir de estas cifras se puede afirmar que la inclusión financiera ha sido un negocio para los bancos, el coordinador del área en el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que, a pesar de no existir datos formales para dar una respuesta, es posible tener una idea con la información que ellos solicitaron al sector y que son grandes números, no cifras exactas.
“Para aproximarnos a esa respuesta tenemos que fijarnos quiénes son los principales actores que realizan el pago de salarios y jubilaciones. Hoy quienes prestan estos servicios, esencialmente, son el Banco República y las emisores no bancarios, en particular Red Pagos a través de su tarjeta Mi Dinero. Esos son los dos principales actores que brindan servicio. La banca privada juega un rol absolutamente marginal, no ha crecido demasiado y nunca tuvo una participación relevante. Entonces, hay dos grandes jugadores, uno no bancario y el otro el banco público, el de todos los uruguayos”, sostuvo Vallcorba.
El coordinador de Inclusión Financiera sostuvo que no hay información pública que les permita llegar a una conclusión categórica sobre el resultado que les generó a todas las instituciones la aprobación de la ley, pero en el caso del Banco República, donde el nexo es más directo, sí acceden información.
“Para el Banco República no fue una fuente de rentabilidad, porque la ley implicó la incorporación de miles y miles de nuevos clientes, que son demandantes de servicios costosos para el banco, desde un call center hasta los puntos de extracción de efectivo y, si bien aumentó el uso de la tarjeta de débito, también hubo una reducción de los aranceles, muy importante, que antes el mínimo era 7%”, afirmó.
En diciembre de 2018 comenzó a regir un nuevo acuerdo con cronograma de rebaja de aranceles, que es el dinero que pagan los comerciantes a los bancos o emisores de dinero electrónico en cada transacción.
Para el débito está en 1,30% para pequeños comercios y 1,50% en general. En el cronograma establecido en el acuerdo firmado entre los bancos, algunos comerciantes y el ministerio se espera llevarlo 0,85%.
