Los clubes funcionan como agentes de retención, por lo que se quedan con el aporte de jugadores y empleados para volcarlo a la seguridad social. Eso al menos es como debería ser. Sin embargo las deudas con el BPS son millonarias y crecieron de manera considerable a partir del 2009, año en que se estableció un régimen real de aportes que sustituyó al ficto que funcionaba hasta allí.
Según dijo el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, hay 14 clubes embargados por las deudas con el BPS.
Ante esto, se presentó un proyecto de ley impulsado por Armando Castaingdebat (representante de Flores e integrante del comité normalizador de la AUF), Mario García (representante de Lavalleja) y Amin Niffouri (representante de Canelones).
En el texto se solicita “la aspiración de cancelación de deudas con el Banco de Previsión Social mediante fondos recuperados de actividades delictivas”.
La idea es que los fondos que el Estado recuperó de las coimas que recibió Eugenio Figueredo cuando fue dirigente de Conmebol y FIFA, se destinen a la “cancelación de las obligaciones” que los clubes mantienen con el BPS.
Dice el proyecto que los fondos se repartirán entre los clubes en partes iguales y que “en caso de que el monto aplicado exceda lo adeudado por un club” el saldo se repartirá en forma igualitaria entre los restantes.
En el artículo tercero se propone que si el dinero no alcanza el BPS refinancie el saldo en 62 cuotas mensuales “iguales y consecutivas”.
En la exposición de motivos se esgrime que “toda vez que se obtengan bienes o valores fruto de delitos de lavado de activos” que tenga como antecedentes delitos como “la corrupción”, el destino debería ser “prioritariamente las personas físicas o jurídicas afectadas directa o indirectamente por esas actividades delictivas”.
Castaingdebat, García y Niffouri hacen hincapié en la entrega de bienes de Figueredo a la justicia “por montos muy importantes”.
“Por un lado se recupera dinero obtenido por actores delictivos en su actividad como dirigentes del fútbol y el destino es el propio Estado. Por otro lado el propio Estado reclama a actores del fútbol aportes que no pudieron realizar por la falta de recursos”, dice el texto.
El proyecto agrega que la ley establece que esos recursos se destinen “prioritariamente” al propio fútbol.
“De ahí que por la presente ley se proponga que los fondos obtenidos se destinen al pago de las obligaciones de los clubes con el Banco de Previsión Social dándose por terminados los procedimientos iniciados y realizándose convenios de pago por los saldos resultantes”, esgrimen.
