Ley de Urgencia faculta al gobierno a “declarar ilegal cualquier tipo de manifestación”

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó en No toquen nada que el texto del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración puede declarar ilegal todas las manifestaciones “que no ocurran arriba de una vereda”.

Actualizado: 16 de febrero de 2020 —  Por: Redacción 180

Ley de Urgencia faculta al gobierno a “declarar ilegal cualquier tipo de manifestación”

Edison Lanza (Javier Calvelo/ adhocFOTOS)

La Ley de Urgente Consideración, en los artículos 448 a 450, declara ilegítimos todos los piquetes que efecten la libre circulación de personas, bienes y servicios en espacios públicos o privados. Además, faculta al Ministerio del Interior al uso de la fuerza para disolverlos y mandata que en los casos de apariencia delictiva se informe a la Fiscalía.

Este es uno de los aspectos de la redacción de este proyecto que Edison Lanza cuestionó en un documento que le remitió al gobierno electo.

“Aquí están en juego varias libertades fundamentales”, dijo Lanza en No toquen nada.

El relator especial para la Libertad de Expresión recordó que las manifestaciones públicas en plazas, cortes de calle o ruta, de vecinos que se reúnen para reclamar seguridad, entre otras, están ejerciendo el derecho a la reunión, el derecho de asociación y la libertad de expresar una demanda o un reclamo.

“Son libertades protegidas constitucionalmente. Entonces a mi juicio darle la facultad absoluta al Ministerio del Interior, sin intervención judicial, para disolver lo que la policía entienda que es un piquete ilegal es una facultad amplísima para declarar ilegal cualquier tipo de manifestación”, afirmó.

Para Lanza, “declarar ilegal todas las manifestaciones que no ocurran arriba de una vereda es de una amplitud excesiva. Además no privilegia el diálogo sino la disolución por la fuerza de todo tipo de manifestación”.

El especialista advirtió que tal como está redactado el articulado no respeta estándares internacionales en los que se exige que existan principios de equidad, proporcionalidad en el uso de la fuerza y privilegio del diálogo.

Las protestas son cada vez más frecuentes en América Latina y varios países han adoptado medidas para limitarlas. Lanza citó el caso de Chile donde incluso se debe pedir permiso para protestar. En el caso de Uruguay, agregó,  esta ley podría significar la criminalización de la protesta ya que mandata a que los casos “con apariencia delictiva” se deriven a la Fiscalía.