El texto considera positivo el cambio respecto al borrador en cuanto a los casos que pueden ser objeto de proceso abreviado, instancia en la que acusado y fiscalía pueden llegar a un acuerdo sobre una condena en lugar de ir a juicio oral. Con la redacción que fue al Parlamento se habilita que la gran mayoría de delitos que hasta hoy se tramitan por esa vía lo puedan seguir haciendo.
La Fiscalía destaca la marcha atrás respecto a la derogación del principio de oportunidad y la regulación de esta figura que permite a los fiscales decidir no investigar en casos de baja o nula gravedad. También la creación de la figura de la libertad a prueba que sustituye en parte la derogación de todas las modalidades de libertad vigilada.
Sin embargo, el texto critica la derogación de la suspensión condicional del proceso (figura con la que hoy se resuelven el 14% de los casos que se formalizan) y cuestiona duramente el nuevo mecanismo de juicio simplificado que propone el proyecto.
Según la Fiscalía, esta figura sería una especie de “juicio ordinario u oral, pero con menos garantías”. No está delimitado en qué casos se podría utilizar, se le da al juez la posibilidad de tomar él la iniciativa de derivar un caso a juicio simplificado y ese mismo juez es quien define la apelación si una de las partes no está de acuerdo y quien juzga y condena en el caso, no como en el juicio oral donde se cambia de juez para esa instancia.
La Fiscalía señala que el texto vulnera gravemente principios del sistema acusatorio que rige en Uruguay desde 2017 y que contiene más de una inconstitucionalidad.
