Un hombre fue imputado por un delito de prometer pagar a una adolescente a cambio de actos sexuales y por el ofrecimiento de estupefacientes.
A otro se le imputaron reiterados delitos de retribución a una adolescente por actos sexuales y reiterados delitos de suministro de estupefacientes.
Los otros tres hombres fueron imputados por reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de actos sexuales.
La agrupación política colorada Ciudadanos, liderada por Ernesto Talvi, emitió un comunicado en el que identifica a uno de los tres acusados por pagar a cambio de actos sexuales. Se trata del tercer suplente del diputado Ope Pasquet, en la primera línea de la lista por Montevideo.
Según el comunicado de Ciudadanos se decidió suspender a Nicolás Ortíz de sus derechos como afiliado del sector y someterlo al Comité de Ética. También solicitar al Partido Colorado la suspensión preventiva de Ortiz y su sometimiento al Comité de Ética.
En rueda de prensa la fiscal Viera señaló que la investigación del caso continúa.
“La Fiscalía consideró que no era necesaria por ahora, y sin perjuicio, la prisión preventiva. Por eso solicitó medidas de no acercamiento o comunicación con las víctimas y la fijación de domicilio”, dijo la fiscal.
Viera también confirmó que los imputados son empresarios, políticos y hay un exjuez.
“La investigación sigue, puede haber más personas implicadas pero no lo sabemos. La Fiscalía está investigando”, dijo.
La Fiscalía solicitó como medida cautelar para todos los imputados la obligación de fijar domicilio y la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio con la víctima por 180 días. También se solicita la suspensión del ejercicio de la patria potestad o guarda de los imputados, respecto de sus hijos y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen tratos directos con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
Según el dictamen fiscal: “El caso (...) trata de una situación de grave vulneración de los derechos de una adolescente al extremo tal de que se la toma por los encausados como una mercancía, como un objeto del cual, de distintas formas, cada uno de los adultos imputados extrajo de forma ilegítima, beneficios para su propio provecho”.
