Curbelo Tammaro es el actual representante legal de la empresa Tenfield y recientemente del empresario Francisco Casal en el juicio penal por defraudación tributaria. También fue defensor del ex dictador Gregorio Álvarez y declaró ser amigo de él en entrevista con No Toquen Nada. Además era el defensor de uno de los procesados por narcotráfico en la operación campanita.
El procesamiento, en realidad, se da dentro de un tercer capítulo de la Operación Campanita. La maniobra de las autoridades comenzó en 2006 con una operación que permitió el procesamiento de varias personas y reportó la incautación de más de 300 kilos de cocaína. Así se descubrió una organización colombiana que se dedicaba a lavar dinero en Uruguay. En aquel momento 30 personas fueron procesadas y Curbelo Tammaro actuó como abogado defensor de José Luis Suárez, cabecilla de la organización de narcotraficantes desbaratada.
El año pasado, dentro de este mismo caso, fue procesado el contador Ruben Weizman y ahora se procesó a cinco personas por relaciones con la droga y con el lavado de activos.
Ricardo Gil, titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos explicó a No Toquen Nada la importancia de este caso. “Este es el caso más importante. Sin duda, concentra muchas cosas de las que hemos venido planteando y haciendo. Es una organización dedicada a lavar, no a traficar, con una estructura muy sofisticada, con profesionales muy conocidos en el medio que participaron muy activamente. Creo que es un caso bastante emblemático y en el que se marca un punto interesante para la experiencia. Además es el caso más complejo. Creo que tenemos que acostumbrarnos a que así como hay narcotraficantes locales que su proceso de lavado es comprar una casa a nombre de alguien o con una sociedad muy desarmada, hay casos como este, complejos. Este es un país que no tiene experiencia, no tiene gente formada en estas investigaciones. Se ha aprendido en estos años y sin dudas se cometieron errores. Era inevitable porque nunca se había hecho una investigación de este tipo. Y de todos los procesamientos, de todos los casos, es sin duda el más complicado”, dijo Gil.
Curbelo Tammaro fue procesado por asesorar en maniobras de lavado de activos y por participar con su propio dinero en algunas de esas maniobras. Esas actividades estuvieron concentradas en movimientos inmobiliarios de compra y venta de edificios. Una de las particularidades del caso es que, por primera vez en la Justicia uruguaya, se utilizó la figura del colaborador. En este caso tres personas que pertenecieron a la organización realizaron acuerdos para reducir sus penas a cambio de información que sirvió para incriminar a otras personas.
El caso involucra a una red de origen colombiana que se dedicaba a ingresar droga a Europa y lavaba plata, entre otros lados, en Uruguay. La cabeza del grupo parece ser el colombiano Alex Pareja detenido en Brasil y recientemente liberado por motivos que no están del todo claros para las autoridades uruguayas.
Ricardo Gil explicó la importancia de los elementos internacionales en el caso. “Por el lado de Uruguay está muy clara la relación con ese grupo de narcotráfico colombiano, que lideraba Pareja y estaba instalado en Brasil. Parte de la plata entró a Uruguay y fue para Brasil. Por alguna razón, que no hace a las autoridades uruguayas, Pareja fue detenido en Brasil y luego fue liberado. Por lo que yo sé fue liberado por un tema formal en el proceso y no porque se haya demostrado su inocencia. Independientemente de eso, como acá se agarró droga, no dependemos de si Pareja es o no narcotraficante procesado en Brasil, la droga acá apareció, está claro de qué grupo era. Está clara la función que cumplía Pareja y la gente que está detenida acá”, afirmó.
El caso tiene varios capítulos fuera de Uruguay. Pero a los efectos de permitir la actuación de la Justicia, la importancia de demostrar esos vínculos queda relativizada desde el momento en que se captura un cargamento de droga y se logra establecer el delito precedente de narcotráfico para poder procesar por lavado. En Uruguay, la ley exige que el delito de lavado de activos esté asociado a un delito precedente.
Otra de las herramientas de esta investigación fueron las escuchas telefónicas. Esto generó la queja de la defensa de Curbelo Tammaro que señaló que se lesionó el derecho del libre ejercicio de la profesión. La defensa del reconocido penalista procesado sostiene que se utilizaron para procesarlo charlas que tuvo con sus clientes. Ricardo Gil dio su punto de vista sobre este asunto. “Acá lo que se ha demostrado es que esos profesionales hicieron cosas que constituyen delito y que no tienen nada que ver con su relación profesional – cliente. En algunos casos el cliente estaba preso, entonces difícilmente iba a hablar con su cliente directamente por teléfono, salvo que él supiera que su cliente en la cárcel andaba con un teléfono arriba. Pero sí llamaron a terceras personas, sí negociaron cosas y eso claramente está demostrado. Algunos dicen que son cosas que pudo hacer un periodista, un funcionario, un jugador de fútbol o un bailarín. Fueron negocios con plata que ellos sabían que venía del narcotráfico porque además, ahí sí, si mi cliente está procesado por lavado, yo tengo claro que de la plata que él maneja tengo que cuidarme un poquito”.
Según informó el miércoles el diario El Observador, Curbelo Tammaro fue registrado por la justicia participando en la venta de apuro del edificio Torre Plaza Independencia para evitar que fuera embargado por la Justicia. Según dijeron fuentes del caso a No Toquen Nada, el abogado fue procesado por un delito de asistencia en el caso de este edificio y por participar con fondos propios en otros dos negocios inmobiliarios en Punta del Este.
Otro de los procesados es Daniel D´Angelo, un escribano de peso en la actividad inmobiliaria del departamento de Maldonado.
El caso es visto como uno de los más emblemáticos de la lucha contra el crimen organizado (hay elementos como narcotráfico, lavado de activos, utilización del sector inmobiliario, participación de figuras reconocidas y poderosas). De todas formas, el caso está en manos de la Justicia Penal ordinaria, específicamente del juez Federico Álvarez Petraglia, del juzgado Penal de 14º turno. Esto se debe a que el caso comenzó antes de que se instalaran los juzgados especializados en crimen organizado que sólo tomaron casos nuevos y no casos que ya estaban en otros juzgados.
Además, en el caso de la Operación Campanita, hubo cambio de juez porque la magistrada Anabella Damasco pasó al Tribunal de Apelaciones. También hubo cambio de fiscal. El doctor Diego Pérez se hizo cargo del caso a principios de este año y fue el primero en lograr aplicar la figura del colaborador, logrando aportes de información de tres personas involucradas en el caso a cambio de una reducción de pena.
Más allá de estos golpes al crimen organizado y las novedades judiciales, desde el punto de vista de la Secretaría Antilavado también hay avances importantes a partir de este caso. “El gran resultado desde el punto de vista nuestro, además de lo que se detectó, de la gente que se encarceló, de los bienes que ahora se embargan, es que se armaron grupos de trabajo que en aquel momento fueron una especie de invento que hicimos y que ahora se han transformado en una herramienta permanente. Estas organizaciones tienen mucho poder, mucho peso, muy buenos asesores y depende de que nosotros sigamos trabajando bien, con gente que dispone de menos recursos pero que seguramente está más convencida de lo que hace y tiene otros valores”, resumió Gil.
