Nora Castro, presidenta de INAU, comenzó la conferencia agradeciendo y reconociendo las actitudes solidarias que se han registrado en Uruguay tras el terremoto con Haití. Afirmó que estas situaciones de tragedia deben enfrentarse desde una perspectiva de derechos, desde la protección integral del niño.
“Hay una serie de pasos que se debe seguir, no por un lastre burocrático de nuestras instituciones sino en procura de garantizar el derecho que tienen estos niños”, explicó Castro. “Algunas personas han llamado a nuestras instituciones y con la mejor de las intenciones manifiestan que procuran la adopción a nivel internacional y hemos contestado que el instituto de la adopción internacional existe y es viable pero para que se dé se deben cumplir algunas condiciones fundamentales”, agregó.
Esos requisitos comienzan por la existencia de un registro de los niños y niñas en condiciones de ser adoptados. Además, debe existir un organismo nacional encargado y responsable de ese registro. Ambas cosas ya era muy difíciles en Haití antes del terremoto, explicó Castro. Esto tiende a evitar traslados ilícitos.
Además, Castro recordó que según las convenciones internacionales primero deben hacerse todas las gestiones para vincular a ese niño con su familia directa, familia extensa o con la comunidad. “Si no es posible, delinear posibles salidas que pasan por acogimientos familiares, residenciales y en última instancia la adopción, donde se debe privilegiar la adopción local para evitar el desarraigo cultural y social”, afirmó.
En ese contexto, “la adopción internacional es el último recurso”, señaló. “En estas situaciones no podemos tender a rebajar los derechos. Se debe dar mayores garantías para los mejores y mayores derechos y su pleno ejercicio”, agregó.
Los representantes de OEA informaron que la comunidad americana ha dispuesto un fondo de 170 millones de dólares en asistencia financiera y humanitaria para Haití. Agregaron que hasta el momento se está en la etapa de crear un registro de los niños afectados por el terremoto y de creación de un instituto “de facto” para que se encargue de la situación.
