La violencia de los sucesores de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que muchos daban por extinguida, es el eje central del informe Herederos de los paramilitares: La nueva cara de la violencia en Colombia (lee el pdf en español), elaborado por HRW y presentado en Colombia.
Más allá de la opinión del gobierno colombiano, que consideró un éxito su política de desmovilización de paramilitares entre 2003 y 2006, se alera que en el mismo momento que se terminaba ese proceso surgieron nuevos grupos paramilitares, con otras características ya que no tienen un líder claro ni formaron una coalición única, pero con un impacto brutal en la sociedad.
El informe que recoge El País de Madrid se realizó luego de dos años de trabajo de campo. Allí se documenta la participación de estos nuevos grupos paramilitares en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, que generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia.
Según la organización, la policía colombiana calcula que son más de 4.000 miembros, aunque organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra supera los 10.000. En julio de 2009, tenían presencia en al menos 173 municipios de 24 de los 32 departamentos de Colombia. En algunas regiones, como Medellín, explica el informe, el índice de homicidios se ha duplicado, siendo en gran parte culpa del incremento de la violencia de estos grupos.
El País señala que en el trabajo se concluye que las víctimas de los ataques suelen ser defensores de los derechos humanos, sindicalistas, víctimas de los paramilitares que exigen justicia y miembros de la comunidad que no aceptan sus órdenes. HRW constata que el gobierno de Álvaro Uribe y algunos analistas califican a los grupos sucesores como "bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico" y que se trata de un fenómeno nuevo y totalmente diferente al de los paramilitares de la AUC. Sin embargo el director para las Américas de HRW, José Vivanco, dijo en la presentación del documento que "independientemente de cómo se les llame a estos grupos -paramilitares, bandas criminales u otra denominación- no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia" y agregó que “al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores cometen gravísimas atrocidades y deben ser detenidos".
