Los 73 legisladores presentes en sala votaron las modificaciones en el proyecto de ley “Protección Integral a los Derechos de las personas discapacitadas”. “Es un proyecto muy abarcativo que implica una revisión de la una ley (la 16.095), que se aprobó hace 20 años: es un salto bastante importante en materia de protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad”, dijo el senador Long.
En conversación con 180, Long destacó que, en comparación con la anterior normativa, esta “va a tener un impacto más rápido porque es mucho más concreta”.
Casi un 8% de los uruguayos son discapacitados, dijo Long: unos 210.000 según el único relevamiento que hay, del año 2004.
Protección
El primer artículo de la ley establece la creación de un sistema “de protección integral a las personas con discapacidad”, que debe asegurarles atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional, además de la cobertura de seguridad social. También deberá “otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca".
Se establece la creación de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
Accesibilidad
La accesibilidad a los espacios públicos es uno de los puntos de la ley. En la nueva normativa se establece que en un plazo máximo de ocho años, todos los espacios públicos deberán haber sido reacondicionados. Long enfatizó en que no se aprobarán más proyectos que no tengan prevista la accesibilidad para discapacitados. De todas formas, admitió que “en el caso de las barreras físicas, van a tomar años en que se eliminen por completo”.
“Los centros de recreación, educativos, deportivos, sociales o culturales no podrán discriminar y deberán facilitar el acceso y el uso de las instalaciones y de los servicios”, establece el artículo 47.
“La ley actual es como una declaración de principios, es ‘Uruguay deberá eliminar las barreras’, pero como nunca se establecieron plazos eso avanzó muy lentamente”, consideró Long. “Ahora se establecen plazos entre cinco y ocho años para la eliminación total de las barreras arquitectónicas, lo que vale para todos los espacios públicos sean propiedad del Estado o no”.
En el mismo sentido, el artículo 75 establece que “en todos los proyectos de viviendas colectivas” deberá haber “un mínimo de unidades accesibles”.
Con respecto a las unidades de transporte colectivo, la nueva normativa obliga a todas las empresas del rubro a “transportar gratuitamente a las personas con discapacidad”, así como a tener, al menos, “una unidad accesible por línea de recorrido”, en un plazo máximo de cinco años.
Inserción laboral
La ley 16.095 ya preveía que las empresas públicas tengan en su plantilla de empleados a, por lo menos, un 4% de discapacitados. Lo que agrega la nueva normativa es la exoneración de ciertos tributos a las empresas privadas que contraten a estas personas.
“Por esos trabajadores no van a tener que realizar el aporte patronal”, señaló el senador. “Incluso aquellas personas que trabajen en el ámbito de su domicilio, que hay que estimular; porque muchas veces para las personas que padecen alguna discapacidad el hecho de moverse hacia un lugar de trabajo ya implica un problema”.
Asistente personal
El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de crear en el Banco de Previsión Social el Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidades Severas.
Ese asistente personal con que contará el discapacitado se ocupará de “cosas básicas”, manifestó Long: su higiene, su alimentación, su traslado. Esa figura deberá ser un técnico que posea un título habilitante. “El BPS le va a pagar un importe por la atención personal al discapacitado”, puntualizó. “Eso es una vieja demanda, algo que se da en países desarrollados, pero que -en general- en los países en vías de desarrollo no se ha conseguido nunca”.
